La Voz de los Trabajadores

Imagen: Batey 7 a través de Google Earth

La segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU, en Nueva York, fue el escenario para que una vez más quedara en evidencia el carácter racista del régimen encabezado por Luis Abinader. El 31 de mayo, ante las críticas de la abogada Gay McDougall (EEUU), la periodista Barbara Reynolds (EEUU) y la secretaria general de la Asociación de Estado Caribeños, June Soomer (Santa Lucía), la consejera de la misión permanente de la República Dominicana ante la ONU, Luz Andújar, recurrió a los clichés negacionistas que desde la dictadura balaguerista se usan para intentar tapar los crímenes racistas del Estado dominicano. En vez de responder a los señalamientos concretos contra su gobierno, prefirió hablar de la situación de Haití. En plena campaña de deportaciones masivas, aseguró que el gobierno de Abinader es «solidario» con la comunidad inmigrante y repitió la teoría conspirativa de que se intenta imponer una «solución dominicana» a los problemas de Haití. Tachó de irresponsables todas las críticas, asegurando que sus señalamientos no se correspondían «en mínimo (sic) con la realidad». Sin embargo, era Andújar la desconectada de la realidad. Pocas horas antes de este intercambio en la ONU, el mismo gobierno de Abinader había llevado a cabo una agresión militar de carácter abiertamente racista contra varios bateyes en el suroccidente del país, contra trabajadores inmigrantes haitianos y personas dominicanas negras.

La noche del 29 de mayo y la madrugada del 30, varios bateyes en las provincias de Bahoruco, Barahona e Independencia fueron atacados de manera ilegal y arbitraria por efectivos del Ejército, en aplicación de la política de persecución racista ordenada por el gobierno desde el año 2021 y que se ha traducido en expulsiones masivas de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo mujeres embarazadas e infantes separados de sus familias. La periodista Hogla Enecia Pérez entrevistó al activista comunitario Esteban Cuevas del Batey 7 de la provincia Independencia, la mañana del 30 de mayo. Cuevas narró que pasadas las 11 de la noche vio como sus vecinos eran detenidos arbitrariamente pese a tener documentos que acreditaban su identidad y situación migratoria regular. Al cuestionar el procedimiento ilegal fue amenazado por los militares. En el operativo, los militares no tenían identificación, en flagrante violación de la constitución y las leyes. Destruyeron puertas y paredes de las viviendas, pese a no tener orden judicial para realizar allanamientos. Diez personas fueron detenidas, incluyendo un joven dominicano de ascendencia haitiana, nada más en el Batey 7.

Cuevas denunció que también hubo ataques militares contra los bateyes 2, 3, 4, 5, 6 y el Batey Isabela. Al menos tres menores de edad fueron detenidos arbitrariamente y llevados a una fortaleza de San Juan de la Maguana. En días posteriores, el CONANI intercedió para su liberación. En varios casos, los militares desconocieron la validez de las cédulas presentadas por sus víctimas, alegando que eran «ilegales» por no indicar el tipo de sangre, otra evidencia de arbitrariedad. Como es habitual bajo el régimen racista dominicano, los represores exigieron rescates en dinero para liberar a las personas arbitrariamente detenidas.

Las comunidades afectadas forman parte de las tierras cañeras que rodean el Ingenio Barahona, entregado por el Estado dominicano en concesión al Consorcio Azucarero Central, del que son copropietarios capitalistas guatemaltecos desde 1999.

En otro video difundido por la periodista Hogla Enecia Pérez el 31 de mayo, referido a los mismos hechos, se muestra cómo un efectivo militar se apropia de la cédula de una de las personas detenidas en base al perfilamiento racial, simplemente por ser personas negras. Estos crímenes no han tenido la misma repercusión en los medios privados dominicanos que el discurso negacionista de Luz Andújar. Ello lo explica el hecho de que las líneas editoriales de esos medios en la mayoría de los casos, apoyan la violencia racista del gobierno de Luis Abinader.