Repudiamos la entrega de Punta Catalina al sector privado

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El pueblo dominicano ha visto una vez más cómo el gobierno de Abinader, con la complicidad de todos los partidos presentes en el Congreso, entrega bienes públicos a sus amigos capitalistas del CONEP. El 11 de enero, la Cámara de Diputados aprobó con 102 votos favorables y ninguno negativo entregar por 30 años, prorrogables, la administración del complejo termoeléctrico de Punta Catalina a empresarios ligados al sector eléctrico privado. Aún falta la aprobación por parte del Senado, por lo que es urgente rechazar este proyecto en las calles.

Ante la enorme ola de rechazo público a la medida, el gobierno ha alegado que la entidad fiduciaria que administraría Punta Catalina pertenece a Banreservas, por lo que las dos partes involucradas en el contrato son estatales, y no hay una operación de compra-venta. Pero esa entidad estaría subordinada a un Comité Técnico integrado por empresarios nombrados vía decreto por el presidente Abinader. Estamos en presencia de la misma estrategia privatizadora de las “alianzas público-privadas”. Los gobiernos dominicanos son expertos en usar eufemismos engañosos, como cuando Leonel Fernández llamó “capitalización” al saqueo privatizador que impulsó.

El Comité Técnico que en los hechos se haría con el control de Punta Catalina está integrado por empresarios encabezados por Celso José Marranzini Pérez, quien fue vicepresidente de la CDEEE durante el gobierno de Leonel Fernández y es ex presidente del CONEP. Además es el padre del actual presidente de la AIRD.

Estos empresarios eléctricos podrán licitar trabajos, contratar personal, fijar precios de la energía generada y contraer deudas colocando activos de Punta Catalina como garantía de pago. Resulta ridículo que el ministro de Energía y Minas, Almonte, diga que “los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso no fueron designados como representantes de ninguna empresa o grupo empresarial, sino como ciudadanos”. Ello no niega el evidente conflicto de intereses.

Desde hace meses que muchos han advertido que con esta fórmula administrativa el Estado no obtiene ningún beneficio y por el contrario aumentan los gastos administrativos significativamente. El gobierno, por su parte, desde septiembre de 2020 viene promoviendo la idea de privatizar Punta Catalina, cuando el ministro Macarrulla admitió que se preveía vender acciones de la termoeléctrica. El actual esquema es considerado por algunos como una forma incluso peor de privatización que la simple venta, pues en vez de recibir un pago por la entrega de los bienes públicos, es el Estado el que paga a los a administradores privados. El contrato aprobado por la Cámara de Diputados incluye el pago de un millón de dólares y cien millones de pesos como honorarios fiduciarios.

La inexistencia de oposición en el Congreso quedó demostrada una vez más. El PLD votó a favor del contrato. Días después, ante la reacción pública negativa generalizada, sus voceros dijeron que el contrato era lesivo al interés nacional. No puede olvidarse que con el PLD en el poder se llevó a cabo la construcción de la planta, con grotescos sobreprecios y sobornos. Todos los demás bloques parlamentarios también votaron a favor, incluyendo el de Alianza País y dos de los tres votos del “Bloque Juan Pablo Duarte” integrado por DxC y el Frente Amplio. El diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez, se abstuvo. Si bien el gobierno entregó tardíamente la documentación y encubrió la participación privada, si la centroizquierda se ubicara en abierta oposición al gobierno derechista, entreguista y privatizador de Abinader, se ahorraría los errores derivados de confiar en los voceros del gobierno. Sin que se haya auditado hasta ahora la obra, se estableció en el contrato de manera poco clara un valor referencial de 2.3 mil millones de dólares. Se estima que el Estado dominicano invirtió más de 3.3 mil millones de dólares, un costo determinado en gran medida por sobreprecios. A toda esa corrupción ahora se suma la entrega del complejo al sector privado, que no invirtió ni un dólar.

La entrega de Punta Catalina es parte de una política privatizadora, al igual que el pacto eléctrico y el consecuente aumento de las tarifas. Contrario a lo dicho por el Ministro de Energía y Minas, sobre la supuesta intención de preservar Punta Catalina como propiedad estatal, el contrato en cuestión contempla la figura de fideicomitentes adherentes, o sea inversionistas privados que pueden incorporarse al fideicomiso. La operación de la planta recaería también sobre una empresa privada, a contratarse mediante una licitación, y quedaría bajo la dirección de Comité Técnico, integrado por empresarios del sector eléctrico, como ya advertimos.

Adicionalmente debe decirse que los fines del Fideicomiso no contemplan garantizar un servicio de calidad y a bajo costo. El contrato plantea textualmente que se debe “administrar los fondos del Patrimonio Fideicomitido como un buen hombre de negocios”. En los hechos este fideicomiso es una especie de empresa privada en la que las obligaciones recaen en el Estado pero la administración de las ganancias la realiza un grupo de empresarios designados por Abinader, gozando además de la exención de pagar impuestos sobre la renta y ganancias de capital, impuestos de construcción, ITBIS, aranceles de importación, entre otros. Un negocio redondo.

Llamamos a repudiar la privatización truculenta de Punta Catalina, obra que se ha convertido en un emblema de la corrupción del PLD y del entreguismo del PRM. Solo una gestión estatal, bajo la estricta vigilancia de los trabajadores y el pueblo, puede permitir alcanzar objetivos ambientales y sociales, que no están dentro de los fines de una administración privada, como por ejemplo la conversión a gas para reducir las emisiones que inciden en el calentamiento global, o extender el acceso a bajo costo a la electricidad en los sectores populares. Todas las organizaciones sociales, populares, ambientales, sindicatos independientes, debemos salir a las calles a derrotar la entrega de Punta Catalina.

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