Fiodor Morán

(Imagen: Banksy)

El presidente Abinader, al anunciar su plan de construir una verja fronteriza, el 27 de febrero, aseguró que su propósito es “lograr la protección de nuestra integridad territorial”. Demostraremos que la verja o muro fronterizo es: 1) inútil para los fines que dice perseguir, 2) constituye un gasto gigantesco, mucho mayor a la inversión prevista para construcción y reparación de viviendas, 3) forma parte de una política antidemocrática, xenófoba y racista.

La inutilidad de un muro o verja límitrofe ha sido reconocida en el pasado por miembros del actual gobierno. El actual Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el año 2014 se oponía a la construcción de un muro fronterizo, declarando que el muro “terminará siendo un gran negocio que no resolverá nada” (Twitter, 30/6/2014). Experiencias similares, por ejemplo el muro fronterizo entre EEUU y México, demuestran que este tipo de barreras no disminuyen los flujos migratorios, solo los modifican, aumenta la mortalidad de personas migrantes al adoptar rutas más peligrosas, aumenta la actividad represiva policial y paramilitar y aumenta la corrupción. Los efectos en este caso no serán distintos.

Veamos la magnitud de lo que Paliza denominaba el “gran negocio”. Se ampliarían los 23 kilómetros de muros y verjas existentes para llegar este año a 53 kilómetros y en cuatro años a un total de 190 kilómetros. Nada más en el año en curso está previsto invertir entre 224 y 239.7 millones de dólares en el Proyecto de Seguridad Fronteriza y Ciudadana dentro del cual está presupuestada la obra. El financiamiento se lograría mediante el endeudamiento externo que pagaremos luego con ajustes y recortes a la salud y la educación.

Veamos lo que representa este gasto en relación con la deuda social acumulada por el Estado dominicano, por ejemplo, un déficit de viviendas que el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo calcula en 924,096 unidades. El gobierno de Abinader ha presupuestado la inversión de 1,900 millones de pesos en el plan “Dominicana se reconstruye” para la reparación y acondicionamiento de 30 mil viviendas (Listín Diario, 10/11/2020). El presupuesto de la verja y sus gastos conexos solo en el año 2021 suponen 7.5 veces ese monto. El Plan Nacional de Vivienda “Familia Feliz” contempla la construcción de 28 mil viviendas en cuatro años con una inversión de USD$ 200 millones, 20% menos que la inversión de este año en la verja fronteriza.

Si ese dinero que se dilapidaría -solo en el 2021- en la verja fronteriza, se reinvirtiera en construcción y reparación de viviendas populares, se podría duplicar la inversión anunciada para cuatro años y todavía sobrarían hasta 10 millones de dólares. Si se toma en cuenta el gasto asociado a la verja de los próximos cuatro años, el monto disponible para la inversión en reducir el déficit de viviendas sería muy superior. Pero además el funcionamiento de todo el dispositivo fronterizo de vigilancia, con miles de cámaras, sensores de movimiento, drones y patrullaje permanente, consumiría miles de millones de pesos cada año que bien podrían invertirse en las verdaderas prioridades sociales del pueblo dominicano.

Ya hemos visto que el muro será inútil para los fines declarados por el gobierno y que se podrían realizar obras realmente urgentes como garantizar el derecho a la vivienda a miles de dominicanos con esa inversión. Ahora nos referiremos a esos objetivos declarados por el gobierno y cómo son en sí mismos repudiables.

La vinculación entre los flujos migratorios y una supuesta amenaza a la integridad territorial de República Dominicana es un peligroso ejercicio demagógico, de resonancias trujillistas, en un país que aún no ha establecido una conmemoración oficial de la Masacre del Perejil. Dicho crimen de lesa humanidad fue perpetrado bajo la misma premisa falsa que hoy asume Abinader, de que la inmigración amenaza la integridad territorial y la soberanía.

En ese marco, la Dirección General de Migración persigue a quienes alquilen viviendas a inmigrantes sin visa vigente, se le niega la vacuna del covid19 a todos los inmigrantes, se niega la regularización a los inmigrantes haitianos mientras se llevan a cabo programas de regularización selectivos dirigidos a otras nacionalidades, y se estigmatiza a la comunidad inmigrante haitiana como una “carga” para el Estado dominicano, negando que su aporte económico en condiciones precarias y sin goce de plenos derechos laborales supera ampliamente su limitado acceso a los servicios públicos, o que se les excluye de cualquier asistencia social. Mientras tanto el gobierno y las empresas de los capitalistas que lo integran siguen superexplotando a trabajadores haitianos tanto en el sector público como el privado.

Como resulta evidente, el gobierno y la burguesía practican una doble moral y quieren envenenar con el odio racista y xenófobo al pueblo trabajador dominicano, para que no solo acepte pasivamente sino incluso que pida medidas represivas contra los trabajadores inmigrantes. Con dignidad debemos responderle a Abinader que no aceptamos su corrupto negocio del muro fronterizo, que exigimos que ese dinero se invierta en construir viviendas para el pueblo.