Eugenio Blanco

Foto: Yuri Cortez, protesta docente y de trabajadores de la salud en Caracas, 18 de septiembre de 2023.

El criminal ataque del 3 de enero por parte de EEUU contra Venezuela ha atraído la atención mundial y ha generado muchas expresiones de solidaridad con el pueblo venezolano. La República Dominicana conoce de primera mano la brutalidad del imperialismo estadounidense, pues padecimos dos invasiones y ocupaciones militares en el siglo XX, lo que nos impone una responsabilidad aún mayor de denunciar la participación del gobierno dominicano en las acciones militares estadounidenses, al haber entregado, para su uso por aeronaves gringas, dos aeropuertos nacionales. Sin embargo, la solidaridad de clase nos exige hacer más.

Como trabajadores, y particularmente como docentes, debemos solidarizarnos con la clase trabajadora y el magisterio venezolano. Partimos de condenar el efecto negativo que tiene sobre las condiciones de vida del pueblo venezolano el ataque militar, el bloqueo naval y las sanciones económicas. De igual forma, nos solidarizamos con las exigencias de las organizaciones sindicales venezolanas que representan a las y los docentes.

Desde antes de las primeras sanciones económicas estadounidenses de 2017, ya la situación del magisterio era crítica. Salarios de menos de 50 dólares mensuales, criminalización de la actividad sindical y violaciones permanentes a los contratos de trabajo por parte del gobierno han sido una constante de la última década.

Diversas organizaciones del magisterio venezolano han denunciado de manera pública y reiterada violaciones a la libertad sindical, desconocimiento de la negociación colectiva, suspensión arbitraria de salarios, criminalización de la protesta docente y persecución de dirigentes sindicales. Estas prácticas lesionan derechos de la clase trabajadora y obstaculizan el desarrollo de un sindicalismo democrático y de clase, como el que los fundadores de la ADP defendieron y que forman parte de su identidad organizativa.

Estas realidades no obedecen únicamente a las políticas de EEUU, sino que reflejan los estragos que la corrupción y la represión “cívico-militar” del gobierno han hecho en el seno del pueblo trabajador venezolano en la última década.

La ADP debe alzar su voz

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), conforme a sus principios de unidad, democracia interna, defensa de los derechos del magisterio y solidaridad del movimiento sindical, establecidos en sus Estatutos, no puede permanecer indiferente ante la grave situación que vive hoy el magisterio venezolano.

Como sabemos, el sindicalismo no es para servir al patrón, sino para defender los derechos laborales, la dignidad profesional, la unidad del magisterio y la solidaridad con la clase trabajadora. La situación que atraviesa el magisterio venezolano interpela a la ADP, debido a su mandato estatutario de solidaridad sindical internacional y de fortalecimiento de la unidad del movimiento sindical, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Es por esto que la ADP debe pronunciarse en rechazo a las agresiones estadounidenses y en apoyo a las organizaciones magisteriales venezolanas que luchan por:

-Libertad sindical real, que incluye el derecho a realizar asambleas, huelgas y protestas, como herramientas legítimas de los trabajadores.
-Derecho a la negociación colectiva de los contratos de trabajo.
-Salario digno y no bonos discrecionales.
-Liberación de los maestros y dirigentes sindicales presos, detenidos o judicializados por defender derechos laborales, civiles o políticos.

Este apoyo, que también hemos reclamado para los docentes palestinos y haitianos, constituye el ejercicio legítimo de la solidaridad internacional, principio reconocido por los estatutos de la ADP.

La solidaridad no reconoce fronteras cuando están en juego la dignidad del trabajo docente y la libertad sindical. Hoy el magisterio venezolano necesita la solidaridad de las organizaciones sindicales del mundo; mañana podría ser la propia ADP que requiera del apoyo de otras organizaciones sindicales ante la política privatizadora y antisindical del gobierno dominicano, que pretende liquidar el 4% de la educación pública mediante la fusión MINERD-MESCyT.

Cuando se persigue a un maestro por defender su salario, cuando se castiga la organización sindical, cuando se criminaliza la protesta educativa, no está en riesgo solo un sindicato; está en riesgo la educación pública, y con ella, las demás libertades democráticas.

El sindicalismo dominicano históricamente recibió apoyo del sindicalismo latinoamericano, y del venezolano en particular, durante los años de dictadura trujillista y balaguerista. Por ello, levantar la voz en defensa del magisterio venezolano es también defender las tradiciones y valores de clase que han sostenido la lucha del magisterio dominicano.

¡Docentes del mundo, unámonos!