Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores
El país sufrió otro apagón masivo el martes 11 de noviembre, poniendo sobre relieve el fracaso del modelo privatizador aplicado a la industria eléctrica desde los años del PLD. El servicio eléctrico colapsó luego de una avería en una subestación de San Pedro de Macorís poco después de la una de la tarde. Pese a que el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras, el capitalista Celso Marranzini, afirmó que en dos o tres horas se normalizaría el suministro eléctrico, tomó más de doce horas alcanzar un suministro de más del 90% de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. El colapso produjo situaciones caóticas como la paralización de trenes del Metro de Santo Domingo dentro de los túneles. El Teleférico y los semáforos también se paralizaron, generando un colapso del tránsito; los servicios de agua y telecomunicaciones también colapsaron.
La fracasada gestión del gobierno empresarial del PRM, incapaz de invertir en mantenimiento y prevención, ha hecho retroceder al país en materia de apagones, a pesar de que los drásticos aumentos en las tarifas eléctricas se intentaron justificar alegando que mejorarían el servicio. No fue así. Para colmo, se han anunciado proyectos como el de exportar energía eléctrica a Puerto Rico, recibidos con incredulidad y burlas por parte del pueblo dominicano.
La encuesta Enhogar del año 2024, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, revela que los hogares dominicanos sufren en promedio 2,5 horas de apagón diarios y reciben solo 11,5 horas de suministro de agua por día. Pero en vez de invertir en mejoras de infraestructura para garantizar estos servicios públicos, el gobierno dilapida miles de millones de pesos en esquemas de corrupción como el desfalco del SENASA o en obras inútiles y absurdas como el muro fronterizo.
En septiembre de este año se suspendieron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas por un apagón, otro fracaso atribuible a la política privatizadora oficial. Sectores empresariales aprovechan el fracaso de la gestión perremeísta de la industria eléctrica, con sus altas pérdidas de energía en la distribución y constantes apagones, para promover la privatización de las empresas de distribución eléctrica. Esto se sumaría a la privatización de la generación, que ya está mayoritariamente en manos privadas. La fórmula de dividir la industria eléctrica entre rentables empresas generadoras privadas y empresas distribuidoras estatales que operan a pérdida y dependen del subsidio estatal, mientras sus directivos gozan de enormes privilegios y salarios astronómicos, muestra las dos caras de un sistema que ha fracasado.
La experiencia ha demostrado que la solución no puede ser avanzar más en la privatización, lo que se traduciría en mayores aumentos de las tarifas y menos inversiones para garantizar el servicio eléctrico a los barrios populares y demás sectores en los que el suministro es precario. Al contrario, es necesario recuperar el control estatal de la industria eléctrica. El pueblo dominicano impidió la privatización de Punta Catalina en su momento, y es hora de que nos movilicemos por la reestatización del conjunto de la industria eléctrica. Solo de esta forma se puede garantizar un servicio público de calidad e impulsar la transición hacia energías renovables, baratas y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El antídoto para salir del ciclo de la desinversión y el despilfarro es que la gestión estatal de la industria eléctrica funcione mediante un verdadero modelo de control democrático de las y los trabajadores y las comunidades.