Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

A mediados de septiembre se publicó el pacto del Consejo Económico y Social (CES), y los ex-presidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, en apoyo a la política migratoria de Abinader. Motivado por la preocupación empresarial por los efectos de las deportaciones masivas sobre la construcción y la agroindustria, el pacto no contempla ningún tipo de regularización migratoria. Por el contrario, ratifica el apoyo a la política anti-haitiana del gobierno, quedando sugerido entre líneas el otorgamiento de permisos temporales de trabajo para algunos trabajadores haitianos en esos sectores.

Las ONGs que forman parte del CES, como CIPAF, Copadeba, Ciudad Alternativa y Articulación Nacional Campesina, y los sindicatos como la ADP, no han dicho públicamente si discrepan de algún aspecto del pacto. En cuanto a las centrales sindicales como CNUS, CNTD y CASC, es conocido que apoyan incondicionalmente al gobierno. Aunque funcionó una página web para hacer sugerencias, el pacto se cocinó a puertas cerradas y de espaldas al pueblo, como es la costumbre del CES.

El pacto del CES reitera la política gubernamental. Se refiere a la migración haitiana como una amenaza a la seguridad, la “integridad territorial” y la soberanía; también como una carga para los servicios públicos, sobre todo la salud y la educación. Se ratificó la ampliación de la verja fronteriza y la reforma al marco legal migratorio, para lo cual ya hay una comisión encabezada por el verdugo de los dominicanos de ascendencia haitiana, Milton Ray Guevara, con la que se intentará aumentar el poder de instituciones represivas como la DGM.

Se apoya la marginación de la comunidad inmigrante, al proponer “vincular el acceso a servicios públicos con criterios como residencia legal”, como ya ocurre con el protocolo migratorio en los hospitales. Para ello se acuerda crear “una plataforma nacional de monitoreo del uso de servicios públicos por población migrante”. Se acuerda también la creación de un sistema de informantes comunitarios y canales para denuncias anónimas sobre presencia de personas haitianas. En la misma orientación de hipervigilancia antidemocrática, se acuerda crear un “sistema integrado de registro y seguimiento de personas extranjeras”, un “Observatorio Nacional de Inteligencia y Análisis de Riesgos”, una “plataforma nacional de inteligencia”, realizar “censos de seguridad con registro biométrico” y un plan de intervención barrial que incluye “inteligencia comunitaria”, para que vecinos se delaten entre sí. En resumen, un apoyo al paramilitarismo y el caliesaje.

En materia de política exterior se acordó apoyar la campaña de Abinader por la ocupación militar extranjera de Haití e involucrar a la diáspora dominicana en el lavado de la imagen gubernamental.

Se reiteró el discurso xenófobo oficial que atribuye a los trabajadores haitianos haber supuestamente “desplazado” a los trabajadores dominicanos, pese a admitir que solo entre un 7% y un 10% de los trabajadores en el país son extranjeros. Se acordó apoyar la vigilancia de los trabajadores haitianos con “tecnologías de última generación”, y reformar el artículo 145 del Código de Trabajo para permitir la emisión de permisos temporales para la contratación de trabajadores haitianos en una proporción que supere el máximo de 20% en el sector agropecuario y en la construcción. Actualmente esos permisos solo están contemplados para braceros. Se insiste también en el viejo cuento de la mecanización de la agricultura bajo la absurda idea de que esto favorecería una depuración racial del sector.

Condenamos este pacto del CES y los ex-presidentes que avala profundizar el apartheid vigente. Reiteramos que solo haciendo respetar la libertad sindical y organizando sindicatos democráticos, combativos y no-racistas, podremos mejorar las condiciones laborales y salariales en este país, no con las demagógicas cuotas balagueristas y falsas promesas de tecnificación que no corresponden a la escala de la economía dominicana. Llamamos a las organizaciones del sector social del CES a distanciarse públicamente de ese pacto antiobrero y racista, y a sumarse a la exigencia de un cese de las deportaciones masivas y un plan de regularización sin discriminación.