La Voz de los Trabajadores

La Dirección General de Migración (DGM) se ha visto obligada a admitir que Ellen Frances Hulett, de nacionalidad estadounidense, falleció el 23 de junio en las instalaciones del centro de detención de Haina, cuyas instalaciones hacinadas e insalubres son conocidas internacionalmente por las brutales violaciones a los derechos humanos que allí tienen lugar cotidianamente. Hulett estuvo alrededor de dos meses detenida en este lugar luego de su detención el 22 de abril en el municipio Sabana de la Mar, según la versión oficial del gobierno de Abinader.

La propia nota de prensa de la DGM indica que Hulett padecía «un cuadro de salud mental comprometido», que se le habría diagnosticado un «trastorno psicótico» y que se encontraba en condiciones de indigencia. Sin embargo, en vez de que se le remitiera a un centro de salud para que recibiera un tratamiento adecuado, se le envió a un centro de reclusión sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, como lo es el campo de concentración de Haina. Según la DGM, se confirmó la identidad de Hulett el 18 de junio, apenas cinco días antes de su muerte bajo custodia.

La DGM se apresuró a indicar en sus notas de prensa que el cuerpo de Hulett carecía de signos de violencia, sin esperar los resultados de la autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un medio electrónico citó a una fuente de la DGM según la cual Hulett se identificaba como hombre. Carlos Sánchez, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, afirmó haber recibido testimonios de personas detenidas en Haina que indicaron que Hulett no recibía medicamentos ni alimentación apropiada y que habría sufrido abuso sexual.

Al difundirse en la prensa la muerte bajo custodia de Hulett y su nacionalidad, algunos diputados rompieron su habitual silencio ante las violaciones de derechos humanos en el marco de las deportaciones masivas, criticando las acciones de la DGM. El diputado Gustavo Sánchez dijo que esta muerte es consecuencia de la militarización de la DGM, propia de una dictadura. En el programa El Día, conducido por la periodista Edith Febles, se denunció el 26 de junio que ha habido más de 15 casos de mujeres haitianas que han dado a luz dentro de las instalaciones de la DGM en Haina; se criticó la inacción de la Procuraduría General de la República ante estos graves abusos y se denunció que han fallecido bebés recién nacidos y una mujer como consecuencia de partos sin atención médica en este lugar de detenciones masivas, y que su cuerpo habría desaparecido por los agentes de la DGM.

A partir del mes de abril, el gobierno de Abinader ha puesto en práctica un protocolo que niega el acceso a la salud gratuita a las personas extranjeras, imponiendo requisitos inconstitucionales como un pago por los servicios recibidos y la presentación de documentos de identidad, laborales y de residencia, efectuando detenciones migratorias en los propios hospitales.

La política racista del gobierno de Abinader contra la comunidad inmigrante haitiana ha generado numerosas muertes y ha sido criticada a nivel nacional e internacional. Organizaciones sociales han alertado acerca de los riesgos que representa la persecución racial para las personas negras que visitan el país como turistas. Se han documentado numerosos casos de abusos sexuales por parte de los agentes policiales, militares y migratorios contra mujeres haitianas y de otras nacionalidades.

En noviembre de 2022, el gobierno de EEUU emitió un alerta por las detenciones y los interrogatorios a los que se somete a los ciudadanos estadounidenses de piel oscura por parte de las autoridades dominicanas, avisando a los ciudadanos de ese país acerca de los riesgos para personas negras, incluyendo el peligro de ser recluidos en centros de detención sin acceso a alimentos o instalaciones sanitarias antes de ser liberados o expulsados a Haití. En mayo de 2025, la Red Hemisférica por los Derechos de los Migrantes Haitianos (REDMA), hizo un llamado, en vista de «la situación de alto riesgo para las personas de piel oscura en la República Dominicana en el contexto actual de deportaciones masivas, arrestos arbitrarios y movilizaciones de organizaciones ultranacionalistas», a que las personas negras de todo el mundo y sus aliados en el movimiento por la justicia racial «condenen estos actos y eviten viajar a la República Dominicana por turismo o trabajo, a menos que sea extremadamente necesario».