La Voz de los Trabajadores

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el ministro de Defensa, Carlos Fernández, visitaron El Salvador para reunirse con altos funcionarios de la dictadura derechista de ese país, como el ministro de Defensa Nacional y el de Justicia y Seguridad Pública. Los ministros también visitaron las instalaciones de la Policía Nacional Civil y el “Centro de Confinamiento de Terrorismo” (CECOT), la megacárcel en la que están recluidos miles de salvadoreños, así como inmigrantes expulsados de EEUU por el gobierno de Trump, conocidas internacionalmente por las denuncias de brutales abusos contra los derechos humanos y muertes de reclusos. Según la nota de prensa oficial, la ministra Raful considera al régimen salvadoreño “un referente regional en materia de seguridad” y el objetivo del viaje fue conocer la “transformación de los cuerpos policiales” y las políticas en materia de crimen organizado en El Salvador.

En una serie de tuits desde la cuenta del Ministerio de Interior y Policía se indicó que “con esta visita impulsamos el fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad Ciudadana, compartiendo aprendizajes”. Abundaron los elogios al “enfoque de excelencia, disciplina y compromiso” de las fuerzas policiales de la dictadura. La ministra Raful se reunió también con el fiscal de la dictadura, Rodolfo Delgado y un video institucional la muestra recorriendo la megacárcel del CECOT. “La visita reafirma el compromiso con una visión integral de la seguridad… para construir sociedades más seguras y justas”, plantea el video oficial.

La alianza ultraderechista de Abinader y Bukele

El viaje de Raful y Fernández a El Salvador y las expresiones de apoyo político a ese régimen ocurren en un contexto en el que Bukele ha recrudecido la persecución contra periodistas del medio El Faro por revelar sus pactos con líderes de los gangs salvadoreños, y en el que cada vez más voces se alzan contra el apoyo del gobierno de Abinader a paramilitares neonazis. El Salvador se encuentra en Estado de excepción desde el año 2022, en ese marco se han perpetrado 85 mil detenciones arbitrarias y han muerto más de 400 personas bajo custodia del régimen. La República Dominicana por su parte está en un Estado de excepción no declarado formalmente desde el año 2021, cuando suspende las garantías constitucionales del debido proceso para impulsar una política ilegal de deportaciones masivas de personas haitianas que incluye miles de detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, detenciones basadas en el perfilamiento racial y expulsión de mujeres embarazadas y lactantes, infantes y personas de avanzada edad, todo lo cual está explícitamente prohibido por el reglamento de la ley 285-04 de Migración.

Las coincidencias no se agotan ahí. Tanto Abinader como Bukele comparten la orientación ultraderechista del gobierno de Trump, al que se subordinan estratégicamente, y apoyan al Estado genocida de Israel en su campaña de exterminio contra el pueblo palestino. Además, el régimen salvadoreño ha expresado su interés en ocupar militarmente Haití, algo que ha sido insistentemente exigido a la “comunidad internacional” por el gobierno de Abinader en todas sus intervenciones en foros internacionales.

La ministra Raful y las limitaciones del feminismo liberal

Durante la gestión de Raful como ministra de Interior y Policía, el gobierno ha intensificado sus violaciones de los derechos humanos, fijando una cuota ilegal de 10 mil deportaciones semanales en octubre de 2024, e implementando un protocolo hospitalario de denegación del derecho constitucional a la salud gratuita a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, que convierte los hospitales en centros de detención migratoria y obliga al personal médico a entregar para su detención migratoria a personas enfermas o convalescientes, embarazadas o en recuperación de post-parto.

Sectores feministas liberales apoyaron la designación de la ministra Raful. La ONG Centro de Investigación por la Acción Femenina (CIPAF), saludó la designación en julio de 2024 como un supuesto paso hacia la representación de las mujeres y la igualdad de género. “Felicitamos a @FarideRaful por su designación como la nueva Ministra de Interior y Policía. Le auguramos éxitos en sus nuevas funciones como garante de la seguridad ciudadana. Esperamos que el Presidente @luisabinader continúe integrando más mujeres a su gabinete, fortaleciendo así la representación y la igualdad de género en el gobierno”. Posteriormente, CIPAF ha expresado “preocupación” por el protocolo hospitalario, pero sin oponerse a la política represiva en su conjunto.

La ministra Raful llegó incluso a justificar la agresión policial a la concentración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de este año en el Parque Independencia de Santo Domingo, cuando agentes policiales interrumpieron la presentación de Corina y su grupo de Salve. Las actuaciones de la ministra como parte de un gobierno capitalista, misógino y racista han abierto un debate entre distintas corrientes del feminismo dominicano. Desde la perspectiva del feminismo socialista, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) ha rechazado la noción de que tener más mujeres al frente de los ministerios de un gobierno derechista y misógino como el del PRM represente un avance para la representación o la igualdad de género.

El MST declaró, luego de la represión del 8 de marzo, que “(el) gobierno no deja de aplicar esas políticas (misóginas, antiobreras y racistas) por el hecho de que haya algunas mujeres en puestos de poder, como la ministra Raful. Al contrario, utiliza esa presencia para lavarse la cara, al tiempo que aumenta la represión y la arbitrariedad. Por ello es necesario reflexionar sobre la exigencia de más designaciones de mujeres en altos cargos de este gobierno, bajo el esquema de las llamadas cuotas de género, y reorientar la lucha política al logro de un gobierno de las mujeres trabajadoras, que verdaderamente defienda los intereses de la mayoría de las mujeres de este país”.