Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Abinader en la Fundación Balaguer en abril de 2024

La derecha siempre intenta ahogar cualquier intento de discusión racional sobre la política migratoria con un griterío de acusaciones estridentes de “traición a la patria” y ventilando las más delirantes teorías conspirativas, como los supuestos sobre planes “globalistas” de fusión. Esta atmósfera rancia refleja la descomposición política y social que ha propiciado este régimen corrupto y antidemocrático, que cultiva y promueve la ignorancia, los prejuicios y la cultura del linchamiento, como instrumentos al servicio de la consolidación de su poder. Este entorno antidemocrático, sin embargo, no puede imponernos la autocensura ante un tema tan trascendental.

Por ello queremos entablar un debate fraterno con la dirigencia y la militancia del partido Opción Democrática (OD), que se reivindica como una organización progresista, y que en ocasiones ha sufrido amenazas por parte de sectores racistas y de ultraderecha. Al revisar el programa de gobierno presentado de cara a las elecciones presidenciales de 2024, vemos que en el apartado “Política migratoria”, se delinean como objetivos “poner fin al tráfico (de personas) y la corrupción en la frontera” con miras a que todas las personas inmigrantes que trabajen en el país tengan una situación migratoria regular, y “equilibrar los flujos migratorios” y “racionalizar la migración laboral” bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo para que el número de inmigrantes se ajuste a los requerimientos de mano de obra del sector empresarial.

En diciembre de 2022, el entonces diputado por OD, José Horacio Rodríguez, emitió una declaración en la que afirmó que el “desorden migratorio es consecuencia de la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos”. Rodríguez afirmó que el aumento de las deportaciones era una forma de populismo, pues se contradecía con el otorgamiento de “miles de visas al mes en el vecino país”. Concluía llamando a combatir el tráfico de personas y la corrupción, mejorar los salarios en la agricultura y la construcción para que sean más atractivos para los trabajadores dominicanos, definir las cuotas de trabajadores inmigrantes que la economía requiere y aplicar una regularización migratoria exclusivamente dirigida a llenar esa cuotas, deportando a todos los inmigrantes en situación migratoria irregular, siempre “cumpliendo el debido proceso”.

Lo primero que salta a la vista es que en estos dos documentos de OD el punto de partida es la perspectiva tradicional del llamado “problema haitiano”. En otras palabras, que el problema a resolver es una comunidad inmigrante excesivamente grande, que hay que reducir. OD plantea que para lograrlo no basta con realizar grandes deportaciones sino que además hay que impedir que sigan llegando nuevos inmigrantes de Haití; además se indica que solo debe regularizarse a aquellos inmigrantes que sean necesarios como fuerza de trabajo para el empresariado, el excedente debe ser deportado “cumpliendo el debido proceso”.

Lo segundo es que si bien OD no incurre en los elementos más violentos y paranoicos del discurso del gobierno, como presentar a la inmigración como una amenaza a la seguridad y la soberanía, no obstante sigue habiendo una coincidencia fundamental en la caracterización y las propuestas de OD con el programa del gobierno de Abinader. 

El “Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití”, promovido por Abinader y firmado por partidos e intelectuales subordinados al gobierno, el 26 de octubre de 2023, propone en su punto B.1 un “efectivo marco regulador migratorio” que incluya un mayor control fronterizo y del otorgamiento de visas de trabajo, el B.4 plantea “Planificar el mercado laboral dominicano y sus necesidades de mano de obra extranjera” y el B5, sobre “Deportaciones y salida del país”, plantea deportar “con apego al debido proceso”. Los firmantes del pacto van desde la ultraderecha, como la FNP, hasta organizaciones de centroizquierda como el Frente Amplio, lo que refleja un consenso antihaitiano en los partidos del sistema, y si no fue firmado por partidos como el PLD, la FP o el PRD, fue por razones electorales, no por diferencias de fondo.

Evidentemente ningún gobierno o partido político va a decir que está en contra del debido proceso o a favor de la corrupción, ni siquiera un gobierno corrupto y arbitrario como el actual. Lo importante es entender qué políticas estimulan la violación del debido proceso y fomentan la corrupción. La causa de la inmigración haitiana no es el tráfico de personas ni la corrupción militar y policial fronteriza. Hay alrededor de 700 mil personas haitianas en República Dominicana, según los estimados del Instituto Nacional de Migración. Las principales razones por las que estas personas trabajadoras haitianas emigran hacia este lado de la isla son similares a las que han llevado a más de dos millones de dominicanos a emigrar a EEUU, Puerto Rico y España: falta de oportunidades laborales, falta de derechos sociales y libertades democráticas, bajos salarios, violencia. Aún arriesgando la vida, miles de dominicanos se lanzan al mar en yolas tratando de escapar del infierno, lo mismo hacen los emigrantes haitianos y aunque aumente la represión muchos lo seguirán intentando mientras la situación en su propio país no mejore. El tráfico de personas y la corrupción aumentan, en ese contexto, porque se cierran las puertas a la emigración legal. En tal sentido, es contradictorio que OD denuncie que se otorguen visas en los consulados dominicanos en Haití, sin percatarse de que cerrar aún más las posibilidades de la migración legal solo aumenta la migración irregular, el tráfico y la corrupción.

También es importante destacar que el gobierno y OD, al condicionar la regularización migratoria a las necesidades de fuerza de trabajo del empresariado, excluyen a miles de personas que por diversas razones no se encuentran en condiciones de trabajar, por ejemplo niños, niñas y adolescentes, o personas de avanzada edad. No se toma en cuenta el arraigo de las personas, que en algunos casos tienen décadas viviendo y trabajando en el país, como por ejemplo los trabajadores cañeros retirados a los que el gobierno les niega sus pensiones y les ha robado sus aportes a la seguridad social. Ni siquiera se considera el hecho de que miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana han sido desnacionalizadas y son tratadas por las autoridades como si fueran extranjeras, pese a haber nacido y vivido toda su vida en la República Dominicana. Todas esas personas enfrentarían deportaciones masivas, como lo hacen actualmente, si se aplicara el programa de OD.

Esto nos lleva a otro problema con el programa de OD: las deportaciones masivas, como lo sería una deportación de toda la población considerada económicamente excedentaria, por definición no pueden llevarse a cabo respetando el debido proceso. No solo porque su masividad impone los procedimientos violatorios de los derechos humanos que vemos actualmente, sino porque además las expulsiones colectivas son en sí mismas violatorias de los convenios de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano, que tienen rango constitucional.

El verdadero problema es el neotrujillismo

Ahora bien, ¿es acaso cierto que una comunidad inmigrante de 700 mil personas es excesivamente grande en un país de casi 11 millones de personas, y que hay que reducir su tamaño drásticamente? No hay ninguna base racional para esa afirmación, que viene reciclándose desde hace un siglo, cuando la comunidad inmigrante era más pequeña. Esto demuestra que República Dominicana no tiene un “problema haitiano”, tiene un problema neotrujillista.

No hay un exceso de personas haitianas, sino un déficit de derechos democráticos, que los discursos y las políticas racistas ayudan a ocultar. La derechización del régimen político, la destrucción de las libertades democráticas y la profundización de un sistema de opresión racial que indudablemente puede caracterizarse como un régimen de apartheid, son procesos íntimamente vinculados a la precariedad de la seguridad social, la salud pública y la educación, la desigualdad social y los bajos salarios. Al contrario de lo que muchas personas puedan pensar, el problema neotrujillista no solo afecta a sus principales víctimas, haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras, sino que tiene implicaciones graves y brutales para el conjunto de la clase trabajadora.

Es cierto que los servicios públicos, como la salud y la educación, sufren una crisis muy grande, pero su causa es la desinversión. Es cierto que los salarios son bajísimos, pero la causa de esto está en la ausencia de libertad sindical. La comunidad inmigrante haitiana, en condiciones de persecución y superexplotación, aporta muchísimo más a la economía y a la sociedad dominicana de lo que recibe a cambio en materia de miserables salarios y paupérrimos servicios públicos.

La República Dominicana se ha convertido en los últimos años, junto a El Salvador, Nicaragua y Venezuela, en un régimen en el que se realizan detenciones masivas sin cumplir con las garantías constitucionales. El gobierno de Abinader aplicó esta política durante la pandemia del Covid-19, dando continuidad al Estado de emergencia de Danilo Medina, hasta octubre de 2021. Al levantar el Estado de emergencia, aprobado por el Congreso, procedió a impulsar deportaciones masivas, suspendiendo las garantías constitucionales, como el derecho a no ser detenido arbitrariamente o a no sufrir allanamientos en viviendas sin orden judicial, pero esta vez suspendió las garantías constitucionales sin aprobación del Congreso, o sea, ilegalmente.

Esta política, a todas luces antidemocrática y reminiscente de los tiempos de las dictaduras de Trujillo y Balaguer, no ha tenido oposición en el Congreso ni entre los partidos reconocidos por la JCE por una razón muy sencilla: sus principales víctimas son personas trabajadoras haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Como se puede ver, el neotrujillismo y el racismo son funcionales a la destrucción de las libertades democráticas, lo que redunda en menos derechos para el pueblo trabajador dominicano en su conjunto, incluso afectando a aquellos sectores que por ignorancia y prejuicios apoyan las políticas racistas.

Estas reflexiones consideramos que deben ser tomadas en cuenta por todo el arco político de organizaciones autodenominadas progresistas de la República Dominicana, si bien OD se destaca entre ellas como la que tiene un mayor peso electoral y además se ubica en oposición al gobierno. Consideramos que una auténtica oposición democrática hoy pasa necesariamente por la denuncia de la criminalización de la inmigración, las deportaciones masivas y los discursos de odio que presentan falsamente a las y los trabajadores haitianos como una carga económica y una amenaza a la existencia misma de la nación dominicana.

Además, es imprescindible exigir el desmantelamiento del régimen de discriminación racial. Eso implica revertir la desnacionalización racista de la sentencia 168-13 de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, llevar a cabo la regularización migratoria de todas las personas migrantes con arraigo en el país, garantizar el derecho de sindicalización de todas las personas trabajadoras sin distinción racial o de origen nacional, levantar el Estado de excepción, poner fin a los allanamientos sin orden judicial y las detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial, pagar las pensiones a los cañeros y poner fin al trabajo forzoso en la industria azucarera.