Editorial de La Voz de los Trabajadores #24

El 27 de febrero, el presidente Abinader dio un nuevo discurso de rendición de cuentas. Transcurre su quinto año en el poder y a estas alturas está claro que el PRM es la continuidad del desastre del PLD. Por más que Abinader dibuje en su discurso un país maravilloso, muy poco se parece a la realidad que vive la mayoría de los dominicanos. El presidente habló de “desarrollo inclusivo y redistributivo”. Dijo que en los próximos años la mitad de la población será clase media. Pero tres de cada cuatro trabajadores no alcanzan con sus salarios a cubrir la canasta familiar, que ya supera los 41 mil pesos mensuales. ¿Cuál redistribución si los capitalistas siguen gozando de más de 300 mil millones de pesos en exenciones tributarias? La única redistribución de este gobierno es quitarle a la clase trabajadora para darle a los millonarios.

Las cifras macroeconómicas que tanto celebran el gobierno y los empresarios, como el crecimiento de la economía, no dan cuenta de la brutal desigualdad y el hecho de que millones siguen en la pobreza pese a ser cada vez más explotados y producir una gran riqueza con su trabajo. Como el gobierno y los capitalistas son insaciables, impulsan una reforma laboral para precarizar aún más las relaciones laborales en este país, contando con la complicidad de la burocracia sindical de la CNUS, la CASC y la CNTD.

El aumento del 20% al salario mínimo anunciado por el gobierno en realidad es un aumento de 12% este año y 8% el año que viene. Cuando el gobierno dice que el salario mínimo habrá crecido entre 2018 y 2026 un 38.1%, se le olvida decir que la inflación acumulada en ese mismo período de tiempo será de alrededor de 40%, lo que significa que el salario real no ha crecido, sino que se ha estancado e incluso se ha encogido un poco. Eso lo puede constatar cualquier persona que viva de su salario, a diferencia de los millonarios del gobierno. El propio Abinader admitió que un millón y medio de familias dependen de la beca Aliméntate para sobrevivir, aunque es importante puntualizar que por la corrupción no todos estos fondos llegan a sus legítimos destinatarios.

El gobierno habla de una supuesta paz social, pero la Policía Nacional sigue asesinando jóvenes en los barrios. Luego de cuatro años de un “plan de desarme” y una “reforma policial”, en 2024 los policías asesinaron a 120 personas en supuestos “intercambios de disparos”.

Abinader habla de transformación educativa, pero lo que ha logrado es destruir el 4% del PIB para la educación mediante la fusión del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). El gobierno viene usando el dinero de la educación pública para negocios corruptos y subsidios a la educación privada, y ahora con la fusión ministerial usará el mismo presupuesto antes destinado a la educación primaria y secundaria para sostener además la inversión en educación universitaria e investigación, lo que en los hechos representa un recorte presupuestario y el fin del 4% por el que tanto luchó el pueblo dominicano.

Siguen los apagones y el racionamiento del agua en los barrios populares, por más que el presidente delire con que Santo Domingo es una gran metrópolis. Pero mientras no hay recursos para atender a las urgentes necesidades populares, el gobierno se jactó de haber deportado a 270 mil haitianos en 2024 y de que su verja fronteriza estaba concluida en un 90%. ¿Cuántas viviendas se habría podido construir con el dinero invertido en la persecución racista y en un muro inútil, a cuántas viviendas populares se les podría haber garantizado suministro eléctrico y de agua?

Otro elemento del discurso fue el descarado festejo del entreguismo minero. El presidente celebró el avance de planes para entregar los yacimientos de tierras raras de Pedernales al imperialismo estadounidense. Paralelamente, avanza la destructiva minería del oro por parte de empresas canadienses como Barrick Gold, Gold Reserve y Unigold, pisoteando a las comunidades campesinas que se oponen a la destrucción del ambiente, y que se han levantado en dignas protestas en los últimos meses. La extrema derecha no dice nada sobre estos ataques a la soberanía, pues solo le interesa hablar de soberanía para impulsar el racismo y la xenofobia.

El discurso presidencial también tocó el tema de la reforma constitucional del año pasado, describiéndola como un fortalecimiento de la institucionalidad. Esto es falso, obviamente. En primer lugar porque la Constitución que el gobierno reformó está en los hechos suspendida, ya que se aplica desde hace años un Estado de excepción ilegal mediante el cual se llevan a cabo miles de allanamientos y detenciones arbitrarias como parte de la política de deportaciones masivas. La descomposición institucional es tan grave que ni la PGR ni el Congreso se han opuesto a estos abusos y atropellos a las libertades democráticas.

La reforma redujo el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 190 a 170, empeorando el carácter no proporcional de la representación parlamentaria. Contrariamente al falso discurso de la “justicia independiente” la postulación de la persona encargada de dirigir la PGR sigue dependiendo de la presidencia de la República. La nueva procuradora elegida mediante este mecanismo es Yeni Berenice, Reynoso quien años atrás se negó a investigar a Leonel Fernández por el caso Funglode.

Sumando al ambiente circense de la rendición de cuentas, el presidente anunció que había decretado que las bandas del crimen organizado en Haití serían consideradas “terroristas” por el gobierno dominicano, y que ordenaba detener a sus integrantes si cruzaban la frontera. Un show sin sustento legal o político. Esos grupos armados no actúan en territorio dominicano ni el presidente está facultado por las leyes dominicanas para adoptar decisiones de tipo legislativo o judicial. Es una práctica habitual del gobierno yanqui aplicar leyes extraterritoriales y andar como policía del mundo decidiendo a quien considera “terrorista”. Trump recientemente clasificó a carteles de la droga mexicanos como “terroristas”. Pero lo que es grotesco en el caso del imperialista Trump resulta simplemente ridículo y patético en el caso de su imitador Abinader. Es que el gobierno dominicano ni siquiera ejerce ni defiende la soberanía judicial, como quedó demostrado durante la visita del secretario de Estado yanqui, Marco Rubio, a quien el gobierno dominicano le regaló un avión confiscado al Estado venezolano, en un acto de piratería sin sustento en las leyes dominicanas.

La clase trabajadora, la juventud, las comunidades populares, necesitamos organizar nuestra propia herramienta política para defendernos de todos estos ataques a nuestros derechos y hacer valer nuestra aspiración a una vida más digna, más libre, sin explotación. No hay tiempo que perder.