Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El presidente Abinader presentó en octubre un proyecto para reformar el Código de Trabajo de 1992. Desde hace más de una década se vienen discutiendo reformas, todas han fracasado. El gobierno confía en lograrlo esta vez, apoyado en el capital político otorgado por la reelección de Abinader y contando con la complicidad de las centrales sindicales amarillas que antes apoyaron al PLD, y cuyos dirigentes han sido premiados en años recientes por su sumisión con abultadas pensiones por decreto presidencial. El gobierno ya impuso el año pasado el insultante “Pacto Social por Salarios Dignos y Trabajo Decente”, una burla total: al cierre de 2024 el salario promedio nacional no llega a los 20 mil pesos mensuales y la canasta familiar promedio supera los 45 mil pesos. Muchos trabajadores ganan por debajo del salario promedio y ni siquiera tienen una relación laboral formal. A los cañeros el gobierno les robó sus aportes a la seguridad social y las AFP engordan sus ganancias negando pensiones dignas a miles de trabajadores. El sector de hoteles, bares y restaurantes, beneficiado por el tan publicitado crecimiento del turismo, tiene un salario promedio miserable de poco más de 16,500 pesos.

Trabajadores con un ingreso mensual de 34,700 pesos mensuales pagan impuesto sobre la renta, ¡un piso salarial que ni siquiera cubre la canasta familiar, mientras los capitalistas tienen exenciones tributarias de cientos de miles de millones de pesos anuales! ¿Cuáles salarios dignos y cuál trabajo decente? Estos mismos farsantes del gobierno y la burocracia sindical son los que ahora junto a los empresarios impulsan una contrarreforma laboral. 

El proyecto se basa en esa supuesta concertación entre el gobierno, los capitalistas y la burocracia sindical, lo que en realidad constituye una triple representación patronal. Alegando la necesidad de incorporar a la legislación nuevas formas de trabajo como teletrabajo, o cumplir con la obligación constitucional de reconocer el trabajo doméstico remunerado, el gobierno en realidad se propone flexibilizar las relaciones laborales aún más, o sea, facilitar y abaratar los despidos, facilitar jornadas laborales más largas sin pago de horas extras, entre otras formas de incrementar la explotación.

Uno de los peores retrocesos de esta contrarreforma es la extensión de la jornada laboral diaria máxima de 10 horas a 12 horas, lo que permitiría a muchos empresarios aumentar la carga de trabajo diaria sin pagar horas extra. Se deja de considerar no laborable el domingo, lo cual implica también eliminar el pago de horas extra por trabajar ese día. Se aumenta el tope de horas extras por trimestre de 80 a 120, otra medida que busca aumentar la tasa de explotación. Se permite el fraccionamiento del tiempo de descanso hasta en fracciones de quince minutos, otro atentado contra la salud obrera. En el trabajo del hogar remunerado se establece una jornada semanal de hasta 54 horas para quienes pernoctan en el lugar de trabajo, una cláusula discriminatoria, ya que el tope para el resto de la clase trabajadora es de 44 horas semanales, un límite de por sí alto y que debería reducirse. En el trabajo del hogar remunerado se permite el despido injustificado sin pago de cesantía, otra disposición discriminatoria.

Se agrega una nueva causa justificada de despido, el uso de teléfonos celulares en el horario de trabajo para fines distintos a los pautados por la empresa. También se habilita a los capitalistas a realizar desahucios (despidos injustificados) sin pago de la cesantía en el caso de epidemias como la del Covid19.

Las supuestas mejoras para la clase trabajadora son pírricas. Se aumenta de 14 a 15 días el máximo de días de vacaciones para quienes tengan más de tres años de servicio y la licencia de paternidad se aumenta de 2 a 4 días, reincidiendo en lo que ya el Tribunal Constitucional ha determinado que es una licencia inconstitucional, por desproporcionadamente pequeña. Evidentemente una licencia de 4 días sigue reforzando la desigualdad y es por lo tanto inconstitucional. La protección para madres trabajadoras contra desahucios sigue abarcando solo el embarazo y hasta tres meses después de dar a luz, una protección insuficiente. Este gobierno y sus legisladores son enemigos declarados de la igualdad entre trabajadores y trabajadoras.

Las declaraciones decorativas sobre no-discriminación y derecho a la negociación colectiva en la práctica no surten ningún efecto mientras el propio código y la práctica de los gobiernos impiden la organización de sindicatos independientes y democráticos, manteniendo al país con una tasa bajísima de sindicalización y casi la totalidad de los pocos sindicatos existentes en manos de agentes corruptos del gobierno y los partidos de la clase capitalista.

Se mantienen los elementos más atrasados del código balaguerista de 1992, como la prohibición inconstitucional de las huelgas en los servicios llamados esenciales y la legalización de los paros patronales. Se mantiene la engañosa “nacionalización del trabajo” que justifica ideológicamente la persecución de la fuerza de trabajo extranjera, lo que en los hechos aumenta su explotación.

Se elimina el pago de la cesantía cuando el trabajador se pensiona. Se introducen cambios en los procesos judiciales laborales que los hacen más lentos y tortuosos, separando un proceso de conciliación del juicio de fondo, lo cual perjudica a los trabajadores.

Los capitalistas se han envalentonado y van por más. Por eso están promoviendo establecer un tope al pago de la cesantía para que no supere el correspondiente a seis años de trabajo.

Si se quisiera avanzar hacia relaciones laborales más respetuosas de los derechos de la clase trabajadora y con mayores garantías para el ejercicio de la libertad sindical, en vez de reformar ese código balaguerista sería necesario enterrarlo y escribir uno totalmente nuevo. El proyecto de Abinader, quien se ha comparado en muchas ocasiones con Balaguer, no es poner fin al trabajo forzoso en la industria azucarera y la construcción, respetar la libertad sindical, mejorar los pésimos salarios o las terribles condiciones laborales que caracterizan al capitalismo dominicano, sino flexibilizar las relaciones laborales aún más. Por eso debemos expresar nuestro más contundente rechazo a este proyecto antiobrero y derrotarlo en las calles.