Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Ilustración: Gerhard Haderer

El domingo 27 de octubre la Asamblea Nacional promulgó la reforma constitucional. La mayoría del pueblo dominicano se mostró indiferente ante una reforma más bien cosmética. La atención de las últimas semanas estuvo centrada en la fracasada contrarreforma fiscal, que pretendía incorporar un impuesto del 18% a alimentos de consumo básico como las habichuelas. El gobierno pretendía financiar sus gastos represivos con el hambre popular, mientras dejaba a la mayoría de los grandes capitalistas con exenciones de impuestos. Los pocos cambios constitucionales que sí tienen alguna sustancia, representan un retroceso antidemocrático. Debemos prepararnos para resistir las demás contrarreformas que el gobierno intentará continuar imponiendo.

La contradicción más evidente es que la Constitución que el gobierno ha reformado se mantiene en los hechos parcialmente suspendida. Desde hace tres años en todo el país se aplica un estado de excepción de facto, con la no aplicación de las garantías constitucionales del derecho al debido proceso. El gobierno viene realizando miles de detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial e innumerables abusos contra los derechos humanos de las personas negras, tanto inmigrantes haitianas como dominicanas. A esta persecución racista se suman prácticas como las ejecuciones policiales institucionalizadas, que continúan siendo una práctica cotidiana pese a ser inconstitucionales y a que el gobierno dijo haber realizado una supuesta “reforma policial”; el trabajo forzoso en la industria azucarera; la falta de libertad sindical y de acceso a salud pública de calidad y a la seguridad social; o incluso las acciones impunes de grupos paramilitares neofascistas. Para la clase trabajadora, sus derechos constitucionales son en gran medida letra muerta.

La reforma constitucional impuesta por el PRM es la cuarta en 22 años, precedida por las de 2002, 2010 y 2015. En este caso los cambios abarcan once artículos. Se reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 190 a 170, empeorando el carácter no proporcional de la representación parlamentaria. Aunque la excusa era reducir gastos, la realidad es que el ahorro es muy pequeño, pues se mantienen mecanismos corruptos como el barrilito y el cofrecito. Lo que en realidad se busca es favorecer al partido gobernante, que aún sin tener una amplia mayoría de votos, puede asegurarse una amplia mayoría de escaños en el Congreso, si se apoya en las redes clientelares en las provincias con menos población y sobrerrepresentadas en el Congreso. La unificación de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de cualquier otro cargo electivo, también apunta en la misma dirección de consolidar el clientelismo.

El presidente Abinader podrá con la nueva constitución designar al alcalde de La Vega, donde se generó un vacío debido a que el alcalde electo fue designado ministro de Deportes y la vicealcaldesa fue presionada por el PRM para presentar su renuncia.

Echando por tierra años de discursos sobre una supuesta “justicia independiente”, la reforma sigue atribuyendo a la Presidencia de la República la decisión sobre quién ocupa la Procuraduría General. La única diferencia es que antes la designaba directamente y ahora postula su candidatura para su ratificación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. La persona designada debe haberse abstenido de participar en proselitismo, pero solo si es “notorio y constante”, cinco años antes de su designación. El gobierno insiste obsesivamente en que la actual PGR es “independiente” porque ha llevado a juicio a algunos corruptos del danilismo, dejando en la impunidad al leonelismo, al perremeísmo y a la ultraderecha. Evidentemente para eso no se necesita ser independiente del gobierno y los futuros procuradores postulados por la presidencia tampoco lo serán. 

Al Procurador General Administrativo se le cambia la designación a Abogado General de la Administración Pública, otro cambio cosmético.

La constitución de 2015 ya impedía tanto a Danilo Medina como al propio Luis Abinader optar a la reelección en el futuro o ejercer la Vicepresidencia de la República, de tal forma que este no es ningún mérito del PRM. Lo que hace la reforma actual es establecer que el artículo 124 que permite una sola reelección presidencial no se puede modificar. Pero la verdad es que toda constitución refleja relaciones sociales concretas y por lo tanto no puede ser eterna. Los principales tribunales dominicanos, así como académicos y juristas, han fijado posición contra la idea de artículos “de piedra”. Ante la eventualidad de una reforma constitucional que modifique alguno de los “artículos eternos”, no hay instancias supraconstitucionales en República Dominicana a las cuales apelar. Al menos formalmente, pues en la práctica el Tribunal Constitucional en 2013 derogó con la sentencia 168-13 su artículo 18, al desnacionalizar a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, pese a que la propia Constitución de 2010 establecía que quienes tuvieran la nacionalidad dominicana al entrar en vigencia ese texto constitucional continuaban teniéndola.

Esto nos trae nuevamente al estado de excepción en el que vivimos desde hace tres años, pese a no haber sido declarado formalmente por el Congreso, tal y como lo exige la Constitución. Las garantías constitucionales referidas a los derechos humanos son letra muerta mientras no exista una fuerza social capaz de impedir al gobierno violarlas de manera abierta y brutal. El régimen de apartheid que existe en los hechos también contradice el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Pero mientras la clase trabajadora esté dispersa, desorganizada, impedida de sindicalizarse y sin voluntad de movilizarse, los capitalistas y sus gobiernos podrán seguir pisoteando nuestros derechos de manera implacable e impune.

Luego de imponer la reforma constitucional, el gobierno pasa a concentrarse en la ofensiva del ajuste. La contrarreforma fiscal fracasó, ante la oposición que suscitó tanto en sectores del pueblo como de la propia burguesía. Sin embargo, el gobierno ya ha decretado la destrucción de la conquista del 4% del PIB para la educación, al fusionar el MINERD con el MESCYT. Ahora viene por una mayor flexibilización de las relaciones laborales a través de la contrarreforma laboral. Vendrán nuevos intentos de recortes a la inversión social a nombre del “ahorro”.

Así como cayó la contrarreforma fiscal, es posible derrotar el ajuste. Exijamos que se efectúe el aumento del salario mínimo del sector público de 10 mil a 15 mil pesos mensuales; impidamos que se apruebe el proyecto de Código Penal reaccionario; exijamos restituir las garantías constitucionales y el fin de las detenciones arbitrarias y deportaciones masivas; exijamos poner fin al régimen de apartheid y restituir la nacionalidad a todas las personas desnacionalizadas; exijamos una verdadera libertad sindical y regularización migratoria sin discriminación racial. Salgamos a las calles a luchar por esas reivindicaciones: sólo así impediremos que sigan avanzando el paramilitarismo fascista y el neotrujillismo oficial.