La Voz de los Trabajadores

En la tarde del 17 de octubre, en el Parque Duarte de Bonao, activistas y dirigentes de las organizaciones Aquelarre RD, Fundación Ambiental Ríos de la Cordillera, la Casa Cultural Cimarrona y el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, ofrecieron una rueda de prensa en la que rechazaron la política racista y antiobrera de deportaciones masivas que impulsa el gobierno de Abinader y el PRM.

«El actual gobierno que encabeza el empresario Luis Abinader ha desatado una de las olas más racistas y deshumanizadoras contra la población negra, migrante y de ascendencia haitiana en las últimas décadas. El PRM, tal como lo hizo el dictador Trujillo, ha situado el peligro de la inmigración haitiana en un lugar central en su programa y discurso, como estrategia para distraer del malestar popular, que causa la privatización, la corrupción e improvisación, el deterioro de los servicios públicos, la reforma fiscal, la sobreexplotación de la naturaleza, la brutalidad policial, el crecimiento de la deuda y el empobrecimiento de los barrios racializados y comunidades rurales», reza la declaración conjunta leída por la vocería de las organizaciones.

«Rechazamos las deportaciones masivas realizadas dos meses previos a la Navidad, que evita un pago a los trabajadores y expulsa de las escuelas a millares de niños; asimismo, denunciamos la cacería de mujeres embarazadas migrantes de los hospitales, a quienes se quiere endilgar el colapso del sector salud», agregaron, señalando que el deterioro del sistema hospitalario en «no se debe a la migración haitiana, sino al bajo presupuesto asignado por el Estado y a la privatización del sector salud. El gasto público en salud en nuestro país fue de apenas de 2.7% del PIB, el segundo más bajo después de Guatemala».

Denunciaron el perfilamiento racial, la presunción de culpabilidad basada en la percepción racial, que viola el artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación. También alertaron que las detenciones por parte de agentes encapuchados y sin identificación, los allanamientos sin orden judicial, la violación del derecho a la defensa, detenciones sin presentación ante autoridades judiciales en 48 horas, los traslados arbitrarios de detenidos y la privación de libertad indefinida, violan el artículo 40 de la Constitución.

En cuanto a la cacería y las agresiones a activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos que han desplegado el gobierno y organizaciones con simbología fascista y trujillista, como la Antigua Orden y Código Patria, se exigió el desmantelamiento de ambas organizaciones.

«Creemos que la verdadera defensa de la soberanía debe manifestarse en la lucha contra los grupos de empresarios que están apropiándose del territorio para convertirlo en plantaciones modernas o lo que llaman resorts; debe ser contra las corporaciones mineras que profundizan aún más la dependencia dominicana de las potencias extranjeras; la defensa de la soberanía debe expresarse en la lucha contra el hambre, el endeudamiento, la corrupción y los gastos excesivos de una clase burocrática politiquera; contra la reforma fiscal y la depredación de los recursos naturales en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las mayorías», enfatizaron.

Concluyeron exigiendo detener las deportaciones, poner fin al trabajo forzoso de trabajadores inmigrantes, implementar una política de regularización migratoria respetuosa de los derechos humanos, carnetizando a las y los trabajadores, y restituir la nacionalidad a las personas desnacionalizadas por la sentencia inconstitucional 168-13.