Cañeros se movilizaron exigiendo pensiones y el fin del trabajo forzoso en Central Romana

La Voz de los Trabajadores

El 10 de septiembre, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), la Coordinadora Popular Nacional y otras organizaciones sociales y de izquierda se movilizaron a La Romana para protestar contra la superexplotación y el trabajo forzoso que impone la empresa azucarera estadounidense Central Romana, con la complicidad del gobierno de Luis Abinader. Un contingente policial y una pandilla organizada por la burocracia sindical de la CNUS al servicio de la empresa impidieron que los trabajadores cañeros se concentraran frente a la sede de Central Romana. Sin embargo, no pudieron impedir que la protesta se realizara en el Parque Obispo.

En una carta dirigida a Alfonso Fanjul, presidente de Central Romana, y leída ante los medios de comunicación, la UTC exigió a la empresa poner fin a las prácticas tipificadas internacionalmente como constitutivas de trabajo forzoso y que han llevado a la imposición de sanciones por parte de la autoridad aduanera estadounidense. También se exigió el pago de las prestaciones laborales a 438 trabajadores cañeros de más de 78 años de edad que han solicitado su pensión, sin que hasta ahora la empresa ni el gobierno hayan respondido a su justa demanda. La UTC además reclamó atención médica para 157 cañeros con más de 80 años de edad y con diversas enfermedades y discapacidades que no han sido diagnosticadas ni tratadas. Finalmente, se exigió la entrega de las certificaciones laborales que indican la duración de la relación laboral que cada trabajador ha tenido con Central Romana, para remitirlas a la Caja de la Seguridad Social para que se asigne la pensión que corresponde a cada cañero de acuerdo a la ley.

La burocracia sindical de la CNUS, la CASC y la CNTD tradicionalmente ha tenido un comportamiento político de seguidismo a los gobiernos, apoyando tanto a los gobiernos del PLD como ahora al del PRM. Es una burocracia enemiga de la libertad sindical y el derecho a huelga, comprometida con la defensa de las posiciones de los patronos y con la discriminación racista, al no afiliar ni defender en sus sindicatos a los trabajadores de origen haitiano. Los principales dirigentes de estas corrientes recibieron pensiones de privilegio por parte del presidente Abinader, mientras se oponen a que los cañeros reciban las pensiones que les corresponden legalmente. Han llegado al extremo de defender el trabajo forzoso en Central Romana y la política de deportaciones masivas de trabajadores haitianos por parte del actual gobierno, fundamentada en el falso discurso de que constituyen una «carga» para el país. La CNUS, a la que está afiliada el sindicato amarillo de Central Romana, forma parte de la CSI, la corriente sindical internacional encabezada por la AFL-CIO de EEUU. La CNTD y la CASC también forman parte de la CSI.

Central Romana es una corporación creada hace 112 años, inicialmente propiedad de la South Puerto Rico Sugar Company estadounidense. En 1912 la República Dominicana se encontraba bajo intervención estadounidense, ya que entre 1905 y 1941 los yanquis controlaron sus aduanas. La ocupación militar de República Dominicana se llevó a cabo entre 1916 y 1924. Posteriormente, Central Romana fue adquirida por Gulf and Western, también estadounidense, durante la dictadura de Joaquín Balaguer. Gulf and Western amplió sus operaciones hacia áreas como el turismo, desarrollando el resort de ultra lujo Casa de Campo, a pocos kilómetros de los bateyes donde viven los trabajadores cañeros, caseríos a los que tradicionalmente se ha negado acceso a electricidad, agua corriente e instalaciones sanitarias. Hace cuarenta años, Central Romana fue vendida a un consorcio encabezado por los hermanos Fanjul, estadounidenses de origen cubano, incluyendo inversionistas como el político balaguerista Carlos Morales Troncoso. Cuando estalló el escándalo de los Pandora Papers, se demostró que millones de dólares provenientes de la superexplotación de trabajadores haitianos y dominicanos fueron a parar en cuentas de Morales Troncoso en paraísos fiscales.

Activistas plantearon que de continuar el trabajo forzoso exigirían al gobierno la nacionalización de Central Romana. La lucha contra la superexplotación, el trabajo forzoso, el robo de las pensiones y el apartheid continúa.

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