Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 2 de septiembre EEUU confiscó un avión que permanecía detenido en el Aeropuerto de Higüeros desde el mes de mayo, vinculado al gobierno venezolano. El Fiscal General de EEUU, Merrick B. Garland anunció la confiscación y el traslado del avión a ese país, alegando que fue comprado ilegalmente en Florida por 13 millones de dólares por una empresa fantasma, mediante lavado de dinero. El funcionario imperialista alegó que la compra del avión socavaba “la seguridad nacional de EEUU”. Diferentes versiones atribuyen a la supuesta empresa un registro en el paraíso fiscal de San Marino o en un país del Caribe. El gobierno de Abinader, los tribunales y la Procuraduría General de la República se han negado a revelar la decisión judicial y los tratados internacionales en base a los cuales se habría realizado el decomiso, manteniendo la operación en la más completa opacidad. La razón política de este comportamiento antidemocrático es que las instituciones se doblegaron a la presión estadounidense, comprometiendo su independencia.

Es un evidente abuso extraterritorial que EEUU utilice a las instituciones dominicanas en sus disputas políticas con terceros. Se evidencia el servilismo de la política exterior del gobierno del PRM, que incluso ha llegado al extremo de apoyar el genocidio sionista contra el pueblo palestino, bajo la doctrina de que hay una “nueva guerra fría” que exige subordinación a EEUU. Es falso que un avión civil represente una amenaza para la seguridad nacional de la mayor potencia militar del mundo, como lo es EEUU, y es lamentable que el gobierno dominicano deje de observar sus propias leyes para atender a las exigencias políticas del gobierno de Biden. No es verosímil la versión oficial de Abinader según la cual ni el gobierno ni la PGR intervinieron en la confiscación ni sabían del caso.

Ni el presidente Abinader ni el canciller Robert Álvarez revelaron el nombre de la empresa propietaria del avión confiscado en su rueda de prensa semanal, remitiendo a la prensa a consultar al Ministerio Público, que también se niega a brindar cualquier información sobre el caso. La orden ejecutiva 13884 de Trump que prohíbe a personas estadounidenses hacer transacciones comerciales con personas que hayan actuado directa o indirectamente a nombre del gobierno venezolano fue invocada para la confiscación. Lo que se desconoce es la base legal de las actuaciones de las instituciones dominicanas. El gobierno, la PGR y los tribunales mantienen esa información bajo estricto secreto. Está claro que la “justicia independiente” no es independiente ante el gobierno de Abinader ni ante el gobierno de Biden.

Es tan escandalosa la conducta del gobierno que incluso medios de comunicación privados que lo apoyan han planteado que la “situación plantea temas de soberanía nacional frente a investigaciones extranjeras y subraya la importancia de fortalecer la transparencia en el manejo de estos casos”. Las instituciones yanquis que participaron en el operativo, según las versiones oficiales, como Seguridad Nacional, Oficina de Industria y Seguridad, Departamento de Comercio y Departamento de Justicia, tampoco brindan ninguna información relevante a la prensa. Esto confirma el carácter arbitrario de sus actuaciones.

Otro avión vinculado al gobierno venezolano se mantiene detenido en el Aeropuerto de Higüero. En febrero de 2024, EEUU confiscó un avión de carga valorado en 83 millones de dólares, que se encontraba detenido en Buenos Aires, Argentina, desde junio de 2022. En ese caso la confiscación se hizo en base a sanciones contra la empresa iraní que habría vendido el avión a la empresa venezolana estatal Emtrasur. El avión fue destruido una vez trasladado a EEUU. El gobierno estadounidense también ha amenazado con confiscar aviones de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA.

Como socialistas e internacionalistas, rechazamos las sanciones estadounidenses contra el Estado venezolano, que nada tienen que ver con la defensa de los derechos democráticos de la clase trabajadora venezolana, sino con la voluntad del imperialismo de presionar para conseguir concesiones del régimen venezolano y de ser posible propiciar la instauración de un gobierno alineado a sus intereses, independientemente de que sea igual de antidemocrático que la dictadura capitalista y ultraconservadora de Maduro.

Tanto los bienes estatales venezolanos como aquellos bienes adquiridos de forma fraudulenta por empresarios y funcionarios venezolanos con dinero proveniente de la corrupción, tienen como único legítimo propietario al propio pueblo venezolano, por lo cual rechazamos su confiscación y destrucción por parte del gobierno estadounidense. Dichas confiscaciones atentan contra el patrimonio que en algún momento debe recuperar el propio pueblo venezolano. Ladrón que roba a ladrón no deja de ser ladrón.

La participación del gobierno dominicano en estas acciones arbitrarias del gobierno estadounidense erosionan la soberanía, con la complicidad de la PGR, el Congreso y los tribunales. Es evidente la complicidad del conjunto de la derecha, que solo habla de soberanía para manipular y justificar la violación de los derechos humanos, el estado de excepción de facto contra la comunidad inmigrante haitiana o la consolidación de un régimen de apartheid. Inventan teorías conspirativas ridículas sobre supuestos planes internacionales contra el país, mientras callan dócilmente cuando es EEUU el que realmente lesiona la soberanía a la vista de todos.

Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo y la izquierda venezolana que resiste a la represión del régimen cívico-militar-policial. Es el propio pueblo venezolano el que mediante su movilización tomará el destino de su país en sus propias manos y debe recuperar todo lo robado.