Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El triunfo electoral de mayo le ha dado un nuevo impulso al gobierno para asumir una ofensiva contra los derechos del pueblo dominicano. A pesar de que varios de los actuales senadores y diputados no fueron reelectos y culminarán sus funciones en agosto, están intentando aprovechar sus últimos días para imponer un código penal inspirado en las peores tradiciones trujillistas. De lograr su propósito, estarán imponiendo un retroceso antidemocrático, consolidando aspectos profundamente reaccionarios del actual régimen político al servicio de una minoría multimillonaria y en perjuicio de la mayoría trabajadora, especialmente algunos de sus sectores más oprimidos como las mujeres y las niñas. Si aprueban ese adefesio, tomarán mayor impulso para imponer una reforma tributaria y una reforma constitucional a la medida de sus intereses. No debemos permitirlo.

Además de su ilegitimidad, el Congreso está fuertemente cuestionado por la presencia de narcodiputados ligados al PRM y otros partidos, y por su gran corrupción. La gente sabe que es una cueva de ladrones. Durante el año 2023 utilizó irregularmente la mayor parte de los 368.8 millones de pesos repartidos mediante los mecanismos del barrilito y el cofrecito. No es entonces sorprendente que pretendan aprobar a toda velocidad un código penal que dejaría en la impunidad los delitos de corrupción al cabo de veinte años. Esto impediría, por ejemplo, investigar y castigar la gran corrupción del primer gobierno de Leonel Fernández y el gobierno de Hipólito Mejía, pues prescribiría. El proyecto de código penal del PRM, y otras fuerzas de derecha como el PRSC, también contempla exonerar a las iglesias de responsabilidad penal y crear una justicia especial militar, lo que significaría un fortalecimiento de la impunidad de estos dos sectores. Esto se da precisamente en un contexto en el que se conocen graves denuncias de abusos sexuales perpetrados por pastores evangélicos en perjuicio de niñas, así como el involucramiento de militares en terribles crímenes racistas como parte de la política de deportaciones masivas del gobierno.

Con el nuevo código penal se legalizaría la discriminación, al habilitar a instituciones e individuos a practicarla siempre y cuando aleguen razones religiosas o invoquen supuestas “buenas costumbres”. Este tipo de delito solo se perseguirá a instancia privada, lo cual limita aún más el acceso a la justicia para las personas con menos recursos económicos. Se promueve también la violencia contra niños y niñas, al garantizar la impunidad si se alega que es violencia disciplinaria ocasional. Se aminoran las penas por violación sexual

si el agresor es la pareja y se criminaliza de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo. El mismo gobierno que promueve este proyecto también ha atacado la prevención de la violencia, bajo el entendido falso de que el respeto y la igualdad son parte de una supuesta “ideología de género”, llegando al extremo de impedir la elaboración de una política para la igualdad de género en el Ministerio de Educación y suspender un programa educativo del Ministerio de Salud.

El principal responsable político de este monstruoso texto legal es el presidente Abinader, quien no solo es el principal dirigente del PRM, cuya mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados le ha dado impulso, sino además por haber dejado en claro en numerosas ocasiones que no observaría un código con estas características. Más allá de algunas diferencias puntuales, es el mismo proyecto que se ha intentado imponer en los últimos años. Los anteriores intentos han fracasado por divisiones entre las fuerzas políticas de la derecha, pero esta vez parecen decididos a aprobar un código neotrujillista. Es lo que se ve en las expresiones del diputado perremeísta Eugenio Cedeño y representantes de corrientes religiosas fundamentalistas, quienes han salido abiertamente a promover discursos de odio contra las mujeres, alegando que castigar la violación dentro del matrimonio sería un atentado contra las familias. De esa manera se muestra la concepción aberrante y patriarcal de la familia que existe en la derecha, recogida en el propio proyecto de código penal. Si ellos triunfan, pierde el pueblo dominicano.

Es posible derrotar este proyecto repulsivo del PRM y sus aliados de derecha, luchando en las calles. Debemos continuar movilizándonos hasta obligar al gobierno a dar marcha atrás a este código penal. Llamamos a las organizaciones populares, sindicales y de izquierda a organizar una gran marcha nacional contra el código penal y en defensa de nuestros derechos democráticos.