La Voz de los Trabajadores

Los cañeros han vuelto a las calles para protestar por el no pago de las pensiones, prometidas en septiembre del año 2020 por el gobierno del PRM y personalmente por el presidente Abinader, así como por la persistencia del trabajo forzoso en la industria azucarera, particularmente en la empresa estadounidense Central Romana. El 18 de junio, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) protestó frente a la sede del Ministerio de Trabajo para exigir el pago de las pensiones y para emplazar al ministro Luis De Camps a que actúe ante las violaciones a las leyes laborales. «(Central Romana) viola derechos fundamentales a los trabajadores cañeros, porque de manera abusiva, provocadora, humillante y atropellante ha obligado a 129 viejos cañeros de los bateyes de Guazuma, Nigua, Batey 80, Batey 108, Higüeyana y otros, a devolverle las viviendas que estos adquirieron como forma de pago luego de haber durado más de 50 años laborando para la industria azucarera. La empresa les arrebata sus viviendas utilizando maniobras fraudulentas y al margen de la ley», afirma la organización sindical en un comunicado entregado en el ministerio y leído ante la prensa.

Denunciaron que la empresa azucarera paga entre 80 mil y 90 mil pesos por concepto de prestaciones a trabajadores haitianos que laboraron como cortadores de caña por más de 50 años. «(Central Romana) continúa imponiendo prácticas de trabajo forzoso a los trabajadores de las plantaciones cañeras y en tal sentido le solicitamos al Ministerio de Trabajo que en el marco de sus funciones sirva de mediador a fin de que (la empresa) devuelva las viviendas, pague justas prestaciones laborales y elimine el trabajo forzoso», agregan. La UTC anunció que de no obtener respuestas positivas por parte del ministro acudiría a los tribunales del país y del sistema de justicia internacional por la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 9 de julio, decenas de cañeros de la UTC se concentraron frente a la sede de la embajada de EEUU para reiterar la exigencia del pago de las pensiones y para exigir que, ante la continuidad de las violaciones laborales por parte de Central Romana, no se levanten las sanciones establecidas por el sistema aduanero de ese país en 2022, que limitan las importaciones de azúcar y otros productos de la empresa estadounidense Central Romana. Destacaron la violación de la libertad sindical y la expulsión de trabajadores cañeros de sus viviendas por reclamar el respeto a sus derechos laborales, también entregaron un listado con 567 cañeros retirados a quienes no les pagan sus prestaciones laborales ni sus pensiones, además de que carecen de seguro médico y cualquier tipo de protección social.

El 26 de septiembre de 2020, el presidente Abinader había prometido que pagaría más de mil nuevas pensiones para trabajadores cañeros haitianos que por décadas trabajaron en los ingenios estatales y privados del país. El gobierno luego no solo incumplió esta promesa sino que también dejó de pagar las pensiones a centenares de cañeros que ya las recibían, al introducir nuevas exigencias para el cobro de las pensiones, como tener una cédula de identidad vigente. Cañeros retirados y sus familiares han denunciado que también la Junta Central Electoral viene maniobrando en los últimos meses en complicidad con la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones para declarar como fallecidos a los cañeros que cobran pensiones y obligarlos a tramitar certificados de que están vivos, una arbitrariedad discriminatoria y antiobrera destinada a disminuir el número de cañeros que cobran sus pensiones. Contra los trabajadores cañeros jóvenes que están activos en el corte y tiro de la caña, el régimen ha desplegado una brutal represión, como la del 26 de mayo en el Consorcio Azucarero Central, o el montaje judicial contra el trabajador dominicano de ascendencia haitiana Miti Senvil, perseguido por Central Romana y detenido arbitrariamente desde el mes de marzo de este año en El Seibo. Todos estos hechos son el reflejo de la salvaje política racista y antiobrera del régimen derechista que encabeza el presidente Luis Abinader.