La Voz de los Trabajadores

El extremismo de la línea oficial del gobierno del PRM, en particular su agitación antihaitiana y su apoyo al apartheid israelí en el marco de su campaña genocida contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, en los últimos meses ha generado contradicciones públicas con los integrantes liberales y moderados de su servicio diplomático. El más reciente caso ha sido el discurso pronunciado por Andrés L. Mateo, delegado permanente de la República Dominicana ante la 219 sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, el 18 de marzo. Expresó que el «espectáculo de exterminio» en la Franja de Gaza lo ha dejado «despavorido». «(N)os sobrecoge la indefensión y la muerte de un pueblo acorralado y masacrado sin piedad», afirmó. A fines del año pasado el embajador dominicano ante el Estado español, el periodista Juan Bolívar Díaz, llamó a deponer las políticas que promueven el odio contra Haití, lo que fue respondido por la Cancillería filtrando a la prensa un comunicado instruyendo al servicio exterior a no dar declaraciones a los medios sin previa autorización del ministerio.

Si bien, en el caso de Mateo, también dijo que condena «el terrorismo» de forma general, su condena al exterminio del pueblo palestino nunca ha sido la posición oficial del gobierno dominicano, y el discurso de Mateo no es reseñado en la página web de la Cancillería ni de la Misión Permanente ante la UNESCO. La postura expresada sobre el tema por el presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez es muy diferente. El 7 de octubre de 2023, el presidente dominicano tuiteó: «Expreso mi enérgica condena a los ataques terroristas de Hamás contra el pueblo de Israel. Esta escalada de violencia impide las soluciones de paz que deseamos todos. Esperamos que se prefiera la diplomacia a la guerra». «El gobierno dominicano condena los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra Israel, ocasionando más de un centenar de muertos y cientos de heridos. Nuestro apoyo y solidaridad a Israel en este difícil momento», expresó por su parte el canciller.

En los meses posteriores, mientras las víctimas de la campaña genocida israelí superaron las 35 mil víctimas, en su mayoría niños y niñas, el gobierno dominicano no emitió ninguna condena al Estado sionista, por el contrario, el canciller dijo en noviembre que «(entiende) la decisión tomada por Israel, la cual implica la continuidad de los ataques a Hamás, hasta tanto no sean liberados los rehenes», sin hacer referencia al hecho de que los ataques israelíes se han concentrado en la población civil, ni mencionar a los miles de rehenes palestinos que languidecen en las cárceles sionistas desde hace años, sufriendo constantes torturas y humillaciones. En instancias como la ONU y la CELAC, el gobierno dominicano ha votado o suscrito declaraciones y resoluciones con apoyo mayoritario en las que se llama a pausas humanitarias en los ataques israelíes o se llama a un cese al fuego, pero sin condenar las acciones israelíes, ante las cuales la Corte Internacional de Justicia ha admitido una denuncia de Sudáfrica, reconociendo la plausibilidad de que Israel esté perpetrando actos genocidas.

El Estado dominicano reconoce al Estado palestino desde el año 2009, pero mantiene una alianza estratégica con el Estado de apartheid sionista que incluye la entrega del diseño de la gestión del agua a la empresa estatal israelí Mekorot, entrenamiento y asesoría represiva a la Policía Nacional, y compras de armamento israelí que se remontan a las dictaduras de Trujillo y Balaguer. En 2023 el gobierno de Abinader dedicó la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo al régimen de apartheid sionista, desencandenando un amplio repudio nacional e internacional.

Disidencia ante el antihaitianismo oficial

El gobierno dominicano viene implementando desde el año 2021 una política de deportaciones masivas contra la comunidad trabajadora haitiana que reside en el país, con cientos de miles de expulsiones, incluyendo mujeres embarazadas, niños y niñas separados de sus familias, y personas dominicanas de ascendencia haitiana. Los discursos que presentan a las personas inmigrantes haitianas como una amenaza a la seguridad y la soberanía dominicana, o como una carga económica, son característicos del gobierno derechista del PRM. En septiembre, el gobierno pasó a realizar una serie de medidas agresivas como el cierre de la frontera y la movilización de tropas, para intentar, fallidamente, impedir la construcción de un canal de riego haitiano en el río binacional Dajabón, también conocido como Río Masacre. En su defensa de esta política, la Cancillería ha llegado a un negacionismo y revisionismo histórico extremo. En una comparecencia en octubre de 2023 ante el Senado, el canciller afirmó que en el Santo Domingo colonial «no hubo esclavitud» y que los orígenes del pueblo dominicano son «totalmente diferentes» a los de los demás países del Caribe y que en el país no existiría el racismo ni las políticas racistas.

El embajador dominicano ante el Estado español, Juan Bolívar Díaz, disintió de esta orientación oficial, al emitir declaraciones un mes más tarde, en las que aseguró mantener las mismas posiciones que tenía antes de formar parte del gobierno. «Yo sigo sustentando las posiciones que he mantenido siempre, no voy a declinar en mi prédica de que los dominicanos y haitianos tenemos que entendernos, que nosotros tenemos que utilizar un lenguaje más constructivo, menos dramático, buscar y promover soluciones en Haití porque nosotros no vamos a prescindir de Haití. Haití va a seguir ahí y no podemos seguir políticas que promuevan el odio y la confrontación». Bolívar Díaz reconoció que la relación comercial bilateral es ampliamente beneficiosa para la República Dominicana y que los trabajadores haitianos realizan un aporte fundamental en las industrias de la agricultura y la construcción y son un pilar del crecimiento económico, por lo que el discurso de odio y estigmatización «debemos hacer un esfuerzo por moderarlo» e impedir llegar a niveles de confrontación como los del Estado de Israel y el pueblo palestino.

Estas declaraciones moderadas generaron una intensa y virulenta polémica pública, con ataques por parte de quienes defienden la línea oficial del gobierno. Diputadas del PRM atacaron al embajador. Una de ellas, Soraya Suárez, afirmó que Bolívar Díaz «debería ser embajador de Haití y no de República Dominicana, por amar más a los haitianos que a los dominicanos», mientras la diputada Kenia Bidó criticó a Bolívar Díaz con argumentos diametralmente opuestos a los de Suárez, alegando que el gobierno de hecho abogaba «por los mejores intereses de los haitianos». Aunque con fecha del 26 de octubre, fue inmediatamente después de las declaraciones de Bolívar Díaz que se hicieron públicas las instrucciones de la Cancillería a los jefes de misiones diplomáticas y consulares para consultar «a su viceministerio a cargo» y esperar respuesta antes de dar declaraciones a la prensa, notificando además a la Dirección de Comunicación «para asesoría, seguimiento, monitoreo y retroalimentación».

Lo que ambos casos, de Andrés L. Mateo y Juan Bolívar Díaz, demuestran es la tensión entre la línea oficial extremista de apoyo al genocidio palestino y de persecución racial y antihaitianismo exacerbado, y un sector de la intelectualidad liberal que, a pesar de sus diferencias, fue cooptado por el gobierno del PRM y no ha llegado al punto de una ruptura, como sí ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía, antecesor del actual gobierno perremeísta, cuando el entonces canciller Hugo Tolentino renunció en protesta por el apoyo de Mejía a la invasión estadounidense contra Irak.