Alicia Méndez Medina

Foto: Roberto Guzmán

El 4 de octubre de 2023, 6 cadáveres de neonatos fueron encontrados por un trabajador en la entrada del Cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Los neonatos tenían edades que oscilaban entre 24 a 40 semanas. En los primeros nueve meses del año, el Servicio Nacional de Salud (SNS) registró 1,919 muertes en el primer año de vida (neonatales y postneonatales) en los hospitales de la red pública. Entre el 3 de enero de 2022 y el 23 de enero de 2023, fueron 2,982 los infantes fallecidos.

Las crudas imágenes de cuerpos dentro de fundas, junto a desechos hospitalarios nos recordaron la crueldad de la gestión capitalista de la salud en nuestro país, que no respeta la humanidad ni después de la muerte. Con el transcurso de los días trascendió en medios de comunicación que los cuerpos procedían del Hospital de Ciudad Juan Bosch y fueron entregados a una funeraria llamada La Popular para ser enterrados. El relato oficial da cuenta de que fue avisado el enterrador del cementerio, pero este se quedó bebiendo en un colmado cercano y dejó las fundas tiradas a las afueras del cementerio. 

La única consecuencia ante esta macabra situación la sufrió el enterrador llamado Hilario Pascual, apodado El Grillo, sobre quien pesa la acusación de “trato deshonroso, indigno e indecoroso, menosprecio de la dignidad humana y asociación de malhechores”. ¿Y las autoridades del Hospital de Ciudad Juan Bosch? ¿Y la Funeraria La Popular? ¿Y la responsabilidad del gobierno dominicano? Lo que se asoma detrás de este triste suceso es un sistema sanitario colapsado y un gobierno que gestiona la salud como un negocio, únicamente favoreciendo el lucro de los capitalistas mientras la población sufre los embates de las ARS y los funcionarios corruptos.

El problema de la alta mortalidad infantil es antiguo y está asociado a muchos factores como la terrible pobreza y desigualdad que caracteriza al modelo dominicano, pero también al abandono de los hospitales y la desinversión, falta de personal, e insuficiente dotación y supervisión. El actual gobierno no ha tenido una política orientada a reducir esas cifras alarmantes. Al contrario, tal y como se reveló durante la crisis de abril de este año, cuando se descubrió el fallecimiento de 34 bebés en la Maternidad de Los Mina, las autoridades han intentado falsificar los registros para ocultar la alta mortalidad debido a infecciones contraídas en los propios centros de salud. También en ese escandaloso caso la impunidad se impuso. Lo mismo que ha ocurrido con anteriores escándalos como el de 2017 en la Maternidad La Altagracia o en 2014 en el Hospital Robert Reid Cabral.

La epidemia del dengue

Un mes antes, en septiembre, el Colegio Médico Dominicano denunciaba que las autoridades de Salud Pública tenían un subregistro de muertes por dengue a raíz del desbordamiento de los hospitales públicos y clínicas privadas. También denunciaban que no se estaban aplicando los protocolos correspondientes para evitar el avance del dengue.

Según el Ministerio de Salud, para mediados de noviembre se habían registrado durante el año 19 fallecimientos y más de 18 mil contagios, la mayoría de las personas afectadas eran del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santiago y Barahona.

Durante el mes de octubre hubo un pico de casos y de ocupación de camas por dengue. La situación tuvo que salirse de control para que el gobierno dominicano creara un Gabinete de Acción junto a otros ministerios. Se trata de una enfermedad endémica de nuestro país, pero cada año las autoridades siguen con la improvisación.

Para colmo, este gobierno intenta cubrir su ineptitud, su corrupción y su política orientada a enriquecer a los mercaderes de la salud, estigmatizando y convirtiendo en chivos expiatorios a las mujeres embarazadas haitianas, a quienes sigue deteniendo ilegalmente y abusando en los hospitales y sus alrededores, acusándolas de una crisis hospitalaria en la cual no tienen ninguna culpa.

Es urgente que el gobierno deje de violar la ley y cumpla con el 4% del PIB para la salud pública, ya que actualmente invierte alrededor de la mitad de ese mínimo. Basta de ARS, basta de corrupción, basta de un sistema que viola nuestro derecho a la salud. Luchemos por nuestro derecho a salud pública, estatal, gratuita, de calidad, para todos y todas ya.