Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Protesta del Movimiento Reconocido y otras organizaciones a 9 años de la Ley 169-14, frente al Congreso

Desde inicios del siglo XX, el régimen burgués dominicano ya tenía fuertes elementos de segregación territorial, opresión y semiesclavitud contra la comunidad de origen haitiano, columna vertebral de la clase trabajadora de la industria azucarera. Pero con la sentencia 168-13 se fortalecieron los elementos de apartheid, al negar a la descendencia de trabajadores cañeros y otros inmigrantes haitianos todo derecho político, social y económico. Más de doscientas mil personas fueron despojadas de su nacionalidad dominicana mediante una sentencia inconstitucional que en el fondo impuso un condicionamiento racial para la ciudadanía dominicana. Se dio un peligroso paso hacia la conformación de un etnoestado y un régimen de opresión y segregación racial sistemática, avanzando hacia un apartheid parecido al que imperó en Sudáfrica entre 1948 y 1991 o al que aplican en la actualidad el Estado de Israel contra el pueblo palestino o el Estado de Birmania contra el pueblo rohinyá.

Los discursos de políticos del régimen como Leonel, Danilo, Abel y Abinader reflejan este proyecto de apartheid, toda vez que plantean -siguiendo a Trujillo y Balaguer- que dominicanos y haitianos constituímos “razas” diferentes o que la inmigración haitiana es una “amenaza demográfica” para la “conservación racial” del Estado dominicano. Esa noción racista es la base ideológica del proyecto de apartheid dominicano y por eso se suele presentar el ataque a la comunidad inmigrante o dominicana de ascendencia haitiana como “defensa de la soberanía” o “defensa de la dominicanidad”. Medidas como la desnacionalización de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, el trabajo forzoso en la industria azucarera y la construcción, la represión asesina contra las protestas de trabajadores inmigrantes, la política de deportaciones masivas y de extorsión generalizada contra personas negras, y las detenciones arbitrarias de mujeres embarazadas e infantes separados de sus familias, buscan mantener a las personas haitianas y sus descendientes en una situación de opresión y desposesión permanente, marginadas y con acceso limitado a la salud pública, sin posibilidad de tener empleos formales, propiedades, educación universitaria o seguridad social.

La ley 169-14 no solucionó el problema de la apatridia sino que lo consolidó. Solo restituyó la nacionalidad a unas 28 mil personas de las aproximadamente 61 mil que fueron clasificadas como “grupo A”, aquellas que ya tenían documentos dominicanos al momento de la sentencia. Pero lo hizo creando un registro civil segregado racialmente, generando vulnerabilidad jurídica. Por eso muchas personas siguen peleando judicialmente hasta hoy, defendiendo la validez de su registro original. Otras 8 mil personas se inscribieron en un plan de regularización y fueron clasificadas como “grupo B”, por no haber contado con documentos al momento de la sentencia, y se les prometió un proceso especial de naturalización. Sin embargo, una vez que bajó la presión nacional e internacional, no se concedieron las naturalizaciones. Danilo Medina solo decretó 750 naturalizaciones y Abinader la aún más ridícula cifra de 50. Sin embargo, el propio Estado ha incumplido esos decretos, o sea que esas personas todavía carecen de su cédula de identidad dominicana. Las 8 mil personas del “grupo B” tienen sus documentos vencidos y son hostigadas por policías, militares y agentes migratorios. Muchas más personas no se acogieron a la ley 169-14, por múltiples motivos, entre ellos los requisitos burocráticos, plazos cortos y altos costos, quedando también en situación de apatridia.

Muchos de los activistas que acompañaron la lucha contra la apatridia en sus inicios, en 2020 se integraron al gobierno racista de Abinader. El propio Abinader en diciembre de 2013 había participado del acto de apoyo a las personas afectadas por la sentencia 168-13 en la UASD, denominado “Abrazo solidario”, donde dijo que la sentencia era “injusta” y “poco civilizada”. Ahora es el portavoz antihaitianismo. Otras organizaciones, pese a autodenominarse progresistas, democráticas y hasta de izquierda, actualmente no levantan su voz contra la apatridia.

Llamamos a todas las organizaciones que se reclaman democráticas a reconocer y denunciar el avance del apartheid en República Dominicana. A diez años de la sentencia 168-13 y nueve años de la ley 169-14, la situación política, social y jurídica ha empeorado. Las campañas de agitación racista y la persecución hacia la comunidad inmigrante y contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana agudizan la opresión a niveles insoportables. No hay posibilidad de avances democráticos para el pueblo dominicano, mientras siga consolidándose el apartheid. Debemos fortalecer la movilización unitaria de todos los sectores y forjar alianzas internacionales con otros pueblos que luchan contra la opresión racista, para doblarle el brazo al gobierno y obligarlo a dar pasos hacia la restitución de la nacionalidad de todas las personas afectadas por la sentencia 168-13.