La Voz de los Trabajadores
La mañana del miércoles 28 de junio, centenares de trabajadores del Metro de Santo Domingo, junto a miembros de Faprouasd, la Unión Clasista de Trabajadores y otras organizaciones, marcharon desde la estación Juan Pablo Duarte hasta el Palacio Nacional, exigiendo respeto a la libertad sindical, restitución en sus puestos de trabajo de las más de 40 personas canceladas por defender sus derechos, condiciones de trabajo dignas y seguras, y pago de prestaciones laborales, entre otras demandas. A la cabecera de la marcha una pancarta resumía la protesta contra los abusos laborales de la OPRET con la consigna: “No más dictadura en el Metro de Santo Domingo”.
Una comisión obrera se reunió con el viceministro de Relaciones de la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia, Benny Metz, quien prometió que no habría nuevas cancelaciones si los trabajadores le concedían una tregua de una semana, reintegrándose a sus labores. Sin embargo, quedó en evidencia el doble discurso de las autoridades cuando el jueves asistieron a reincorporarse a sus labores los trabajadores en lucha. La dirección de Recursos Humanos de la OPRET contaba con un listado de nuevas cancelaciones, en abierta violación del acuerdo alcanzado con el viceministerio encabezado por Metz.
Desde el 20 de junio se ha reactivado el antiguo conflicto laboral en el Metro con la realización de un paro de labores, a raíz del incumplimiento de los acuerdos firmados entre las autoridades y la fuerza laboral en el mes de enero de este año, entre los que destacaba el compromiso del gobierno de permitir la creación de una asociación de empleados. Ante las legítimas y justas exigencias obreras, las autoridades han arreciado la persecución, buscando imponer sus intereses clientelares. Por ejemplo, la OPRET ha recurrido a sustituir a conductores de trenes con amplia experiencia y profesionalidad por personas sin el mismo nivel de capacitación, según han denunciado las y los trabajadores.
En los últimos años, el director de la OPRET, Rafael Santos Pérez, ha evidenciado su odio y desprecio por la clase trabajadora, violando de manera reiterada los más elementales derechos laborales. En el marco del conflicto que su propia negligencia y política antiobrera ha generado, llegó al extremo de calificar la lucha sindical como supuestamente cercana al “terrorismo”, una declaración irresponsable que recuerda los años de persecución antisindical balaguerista. La directiva de la OPRET también ha empleado medios alineados con el gobierno, como CDN, para calumniar a los trabajadores, acusándolos de supuestos actos de sabotaje, mediante noticias falsas atribuyéndoles acciones que no han sido llevadas a cabo por trabajadores. Se trata de un intento desesperado por justificar los ataques patronales contra la libertad sindical y los derechos laborales, ante la impactante marcha del día 28.
La pésima gestión de la OPRET no se limita a estos brutales abusos laborales. También abundan las denuncias documentadas sobre la falta de mantenimiento de las instalaciones, con el consecuente deterioro generalizado del servicio, pese a que el presupuesto asignado a la OPRET crece sustancialmente cada año.
El miércoles 5 de julio vence el plazo otorgado a la presidencia para mediar en el conflicto y llegar a un acuerdo sobre la base del respeto a los derechos laborales y la libertad sindical en el Metro de Santo Domingo. De no ser así, los trabajadores han anunciado que la protesta se reanudará.
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