Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: GARR, infantes y mujeres deportadas

En noviembre de 2022, UNICEF denunció que el gobierno dominicano había expulsado desde inicios de ese año a más de 1,800 niños y niñas sin compañía de familiares hacia Haití. Entre los expulsados había infantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. En vez de dar marcha atrás ante los escándalos y las exigencias nacionales e internacionales, Abinader ordenó acelerar aún más las expulsiones masivas y el gobierno intentó justificar las expulsiones de infantes alegando que se hacen a través del CONANI. El Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) denunció que en el mes de mayo de 2023, 621 menores no acompañados fueron expulsados hacia Haití.

La política oficial viola la Ley de Migración, que prohíbe la detención en procesos migratorios de mujeres embarazadas y menores de edad. En el país se vive la más despiadada persecución en las calles y campos. Policías, militares y agentes migratorios cazan personas negras, deteniéndolas arbitrariamente, extorsionándolas, en ocasiones golpeándolas, torturándolas y hasta asesinándolas. En ese marco, dos casos recientes de violencia extrema contra bebés conmocionaron la opinión pública.

El 2 de junio, en un operativo de detenciones masivas y arbitrarias en Mendoza, Santo Domingo Este, una madre fue separada de su bebé y confinada en un camión-jaula de la DGM. Ante la negativa de los agentes a abrir la puerta para que pudiera cargar a su bebé, que colgaba del lado externo, la madre tuvo que abrazarlo contra la reja mientras el camión emprendía la marcha. Todo fue grabado en video por varias personas, y por eso el gobierno no pudo negar el hecho y tuvo que cancelar a uno de los agentes involucrados, tratando de presentarlo como un hecho aislado. 

Pocos días después se vivió otro hecho aún más grave. La madrugada del 8 de junio, en la entrada de Yagua en Mao, militares atacaron a una madre y su bebé de un año. El bebé resultó herido en la cabeza y uno de sus ojos. Pero como no hay un video de los hechos, solo fotografías, no hay sanciones ni comunicados oficiales al respecto.

Estos crímenes son una consecuencia directa de la política oficial de deportaciones masivas y de los discursos del presidente que incitan permanentemente a la violencia racista al calificar a la comunidad trabajadora haitiana como una «carga» y una “amenaza a la soberanía”. Llamamos a las demás organizaciones populares y de la izquierda a movilizarnos unitariamente contra esta política neotrujillista.