Diputados y diputadas del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U)

Nota de MST-RD.org: el presente proyecto de resolución fue presentado hoy ante la Cámara de Diputados de Argentina por parte de Alejandro Vilca, Romina del Plá, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, quienes integran actualmente la bancada del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U). Cuatro partidos trotskistas integran dicho frente: Izquierda Socialista, Partido Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido de los Trabajadores Socialistas. La foto corresponde a una marcha contra la intevención militar en Haití, realizada hoy en Buenos Aires.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar su repudio a cualquier tipo de intervención militar en Haití y reclamar por el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo de este país frente a las amenazas intervencionistas del gobierno norteamericano.

Manifestar asimismo su rechazo a las políticas del gobierno ilegítimo de Ariel Henry, impuesto por el propio Estados Unidos, así como su acuerdo con las medidas de ajuste del FMI, que llevarán más miseria para las masas del pueblo hermano.

Adherir a las distintas movilizaciones convocadas en nuestro país y a nivel internacional denunciando la intervención en Haití.

FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta:

El imperialismo estadounidense, con la complicidad de la ONU y del repudiado gobierno haitiano, prepara una nueva intervención militar en Haití. La anterior intervención militar en el marco de la ONU, fue la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). La misma duró 13 años, entre 2004 y 2017, y fue integrada o dirigida por diversos países de América Latina (incluidos Brasil, Argentina o Bolivia, en momentos en que gobernaban Lula, Nestor Kirchner y Evo Morales), junto a tropas de otros países. Se trató de una ocupación militar a pedido de Estados Unidos, violentando la soberanía del pueblo de este país caribeño, y siendo acusada de todo tipo de aberraciones, abusos y asesinatos, incluyendo cientos de abusos sexuales a mujeres, y de la introducción del cólera que se cobró miles de vidas.

Ahora, con la excusa del control de “las pandillas y las mafias” en el marco de la aguda crisis social, se prepara una nueva ocupación que será dirigida contra el pueblo haitiano que heroica y legítimamente está luchando contra la catástrofe social en la que la han sumergido, agudizada por las medidas de ajuste del FMI y las políticas del gobierno ilegítimo y corrupto de Ariel Henry impuesto por el propio Estados Unidos y el llamado “Core Group”.

Es indiscutible que, desde que asumió el gobierno de Ariel Henry, grupos armados paramilitares han ganado terreno en el país caribeño. Sin embargo, lo que cínicamente obvian los Estados Unidos, la ONU y el Gobierno haitiano, es que han sido ellos mismos quienes mantuvieron vínculos históricos con el crimen organizado, alentando la creación de estas pandillas mediante las fuerzas represivas del Estado. Hoy, en el marco de una gran descomposición estatal y gubernamental, habrían perdido “el control” de esas bandas armadas que ayudaron a desarrollar.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) ha denunciado en numerosas oportunidades la facilidad con que las bandas, en particular la conocida como “G9 an Fanmi e Alye”, consiguen “insumos” para para realizar ataques, señalando explícitamente que: “Para llevar a cabo esta nueva guerra, el Centro Nacional de Equipamiento (CNE) —una institución estatal— proporcionó al G9 an Fanmi e Alye maquinaria pesada para destruir casas y construir un pasadizo hasta el reducto de Jean Pierre (Gabriel Jean-Pierre, alias «Gabriel», líder de la organización mafiosa rival G-PEP)”.

El verdadero problema es el gobierno de Ariel Henry, sostenido por fuerzas imperialistas y rechazado -con razón- por amplios sectores de masas. Recordemos que tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio del 2021, Ariel Henry fue elegido como primer ministro por el llamado “Core Group” o grupo de contacto, que está liderado por Estados Unidos y del que tambien participan Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá. Esta «designación», que no respetaba ninguna instancia sucesoria y no contaba con el apoyo de la población, fue rubricada por Naciones Unidas y la OEA. Es decir, un avasallamiento abierto a la soberanía del pueblo haitiano.

Es por esto que durante los últimos 14 meses las y los trabajadores y el pueblo haitiano fueron ocupando las calles con protestas cada vez más masivas, mostrando el odio hacia un gobierno ilegítimo que no ha hecho más que agravar las miserias de la población. Además, el gobierno de Henry firmó un acuerdo con el FMI, que implicaba un ajuste mayor al existente como condición para considerar un posible programa de crédito internacional por parte de este organismo.

Entre los diversos ajustes exigidos, el FMI incluía la eliminación del subsidio a los combustibles, pasando ese costo al bolsillo de la población y encareciendo más aún el costo de vida: para el galón (3,79 litros) de gasolina, se anunció un incremento de 2 dólares a 4,78 dólares; para el de diesel, de 3 dólares a 5,60 dólares y para el de querosén, de 3 dólares a 5,57 dólares. Como era de prever, las protestas se intensificaron con movilizaciones diarias contra la política del gobierno, paralizando completamente la capital Puerto Príncipe y las principales ciudades.

La salida del actual gobierno ilegítimo es una demanda central del pueblo haitiano movilizado. Pero la actual eclosión social no es nueva: se viene desarrollando desde el 2021, contra el anterior gobierno de Moise, incluso mucho antes. Es en contra de este creciente avance de las protestas, ante un gobierno debilitado e ilegítimo que solo sobrevive apuntalado por el imperialismo, que se empieza a preparar una nueva política de intervención militar sobre Haití.

Históricamente, Estados Unidos ha apoyado golpes de Estado en Haití e impuesto presidentes con el fin de que sus gobiernos respondan a sus intereses económicos y políticos, incluso ocupando militarmente el país directamente o vía fuerzas multinacionales “pacificadoras”. Usan el pretexto de la defensa de la “democracia” y los “derechos humanos” para encubrir sus políticas intervencionistas.

El gobierno de Henry, al pedir la intervención militar con el pretexto de las pandillas y la crisis social y de salud, simplemente oculta el verdadero objetivo: una intervención que va en realidad contra las movilizaciones masivas y sus organizaciones (que son las mismas que de hecho se oponen a las bandas armadas) para de esa manera preservar al Gobierno con blindaje internacional.

Frente a esta nueva ofensiva imperialista se hace indispensable desarrollar el más amplio repudio y la más amplia movilización internacional en rechazo a la intervención militar en Haití; reclamar por el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano, exigiendo “Fuera el imperialismo de Haití y de América Latina y el Caribe” y basta de políticas de hambre, saqueo, entrega y ocupación; exigir que la Argentina no sea sumada a ninguna fuerza ni forma de intervención sobre Haití, como lamentablemente en el 2004 lo hizo integrando la MINUSTAH.

Fue, de hecho, lo que exigió el pasado jueves 27 de octubre en Argentina, una nutrida delegación de organizaciones sociales, de derechos humanos y la izquierda, que fue encabezada por la Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Nora Cortiñas, ante cancilleres de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se encontraban reunidos en el Centro Cultural Kirchner. Como anunciaron allí, esas organizaciones preparan una movilización a la embajada de Estados Unidos este miércoles 2 de noviembre, a partir de las 15hs, como parte de las jornadas internacionales de solidaridad con la lucha del pueblo de Haití, que se impulsan en diversos países.

Por las razones que expuestas, y por las que desarrollaremos oportumente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.