La Voz de los Trabajadores

En un contraste cada vez más drástico con el falso discurso del gobierno sobre sus supuestos éxitos en su primer año de gestión, las calles del país se van calentando con diversas protestas. Para los meses de septiembre, octubre y noviembre las luchas se intensificarán contra la megaminería, contra el proyecto de código penal misógino y discriminador, así como en contra del modelo pro-empresarial de seguridad social y salud vigente. El gremio docente de la UASD, el de la enfermería y otros sectores asalariados también van preparando planes de lucha para enfrentar las violaciones de sus derechos por parte del gobierno.

Los cañeros retomaron sus concentraciones frente al Palacio Nacional exigiendo el pago de sus pensiones, coincidiendo el día 9 de agosto con una marcha de Fenatrano por el pago de deudas a los transportistas y una movilización de pobladores de la comunidad de Arroyo Hondo de Baní que denunciaban la destrucción de más de 80 viviendas por parte del gobierno, en uno de los numerosos operativos de demolición con los que sigue ampliándose el déficit de viviendas a pasos acelerados. En cuanto al reclamo de la Unión de Trabajadores Cañeros, el gobierno de Abinader no solo mintió al prometer en septiembre del año pasado que pensionaría a 1,610 cañeros, otorgando por decreto solo 295, sino que dejó de pagar a 215 cañeros que ya estaban pensionados. Este ataque contra los derechos adquiridos de uno de los sectores más explotados de la clase trabajadora retrata de cuerpo entero al gobierno capitalista, antiobrero y racista de Abinader.

En un documento del 13 de agosto entregado en el Palacio Nacional, la Coordinadora Popular Nacional, que agrupa a varias organizaciones sociales, anunció la realización de una marcha el 19 de septiembre al Palacio Nacional en defensa del Río Ozama. Las organizaciones rechazan los planes de la transnacional minera imperialista Barrick Gold, con sede en Canadá, de construir una presa de cola en Monte Plata, amenazando con una destrucción ambiental a gran escala no solo del Río Ozama sino miles de kilómetros de tierras con vocación agrícola y decenas de comunidades campesinas y populares, así como barrios de la capital cercanos al río.

La Coordinadora Popular exige una serie de reivindicaciones como un aumento general de salarios en base al costo de la canasta básica, la asignación del 5% del PIB al sector salud y eliminar las ARS y AFP; que cese la impunidad de los corruptos y se recupere lo robado, eliminar los altos salarios en la burocracia gubernamental y partidas de gastos como los llamados barrilitos y cofrecitos, atender a las exigencias del movimiento campesino de entregar tierras estatales a pequeños y medianos productores, entregar el Ingenio Barahona al movimiento campesinos y detener las demoliciones de viviendas populares. También se rechaza el modelo privatizador de las llamadas “alianzas público-privadas” y se apoyan las exigencias de pensiones para los cañeros y la despenalización del aborto en las tres causales. La Coordinadora promoverá movilizaciones para hacer valer estas exigencias.

La Coalición por la Seguridad Social Digna, por su parte, anunció un plan de movilizaciones contra “la estafa y la negación de derechos fundamentales que han significado durante 20 años el actual modelo instaurado con la Ley No. 87-01”, según reza una nota de prensa publicada esta semana. Concretamente, exigen la eliminación de las AFP y ARS y exigen un sistema previsional que garantice pensiones dignas y oportunas a todo el pueblo. La ejecución de este plan de movilización inicia el 15 de septiembre con “La Parada en las 100 Esquinas”, una manifestación simultánea en al menos cien esquinas emblemáticas del país. También realizarán una marcha el 24 de octubre y un plantón el 30 de noviembre. Sobre el proceso de consultas para modificar la ley, actualmente en curso en el Congreso, la Coalición integrada por varias organizaciones sindicales y sociales planteó que “no se puede permitir una modificación-parche que mantenga el modelo de negocios, corrupción y negación de derechos vigente… el verdadero cambio sólo será posible con la máxima movilización social en las calles”.

Luego de meses de paros del sector médico y amenazas de prohibición del derecho a huelga, el gobierno salió a subsidiar a las clínicas privadas y las ARS, anunciando que les inyectará más de 5 mil millones de pesos para pagar aumentos en honorarios y tarifas por servicios médicos que llevaban 18 años congelados. El Colegio Médico Dominicano anunció a mediados de agosto que la firma de un acuerdo era inminente, demostrando nuevamente que con las huelgas se preservan los derechos adquiridos y se pueden ampliar las conquistas de la clase trabajadora. Profesionales de Enfermería realizaron el 24 de agosto un piquete en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, exigiendo el pago de los incentivos de la ARS Senasa. Pese a los heroicos esfuerzos realizados por este sector de la clase trabajadora en el enfrentamiento de la pandemia, el gobierno sigue violando sus derechos sistemáticamente, negándoles una adecuada dotación de insumos de seguridad y salarios dignos.

Otro sector que se mantiene en pie de lucha es la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD, que ya en febrero de este año se vio obligada a realizar una huelga de tres semanas para demandar la recuperación de los salarios reales ante años de congelamiento salarial, entre otras exigencias. El conflicto se saldó con el acuerdo de un incremento inicial del 10%, quedando pendiente un incremento del 30% y otras reivindicaciones como la nivelación salarial entre docentes y empleados jubilados, complementos presupuestarios para la universidad, garantizar la conectividad para el estudiantado que recibe clases a distancia, entre otras medidas. Sin embargo, el gobierno de Abinader desde entonces ha venido violando los acuerdos firmados con el gremio. El 2 de agosto, en una rueda de prensa el presidente de Faprouasd, Pastor de La Rosa, anunció una serie de acciones de lucha, incluyendo una marcha hacia el Palacio Nacional.

Uno de los conflictos que mayor relevancia ha adquirido en las últimas semanas es la lucha contra el Código Penal misógino, discriminatorio y antidemocrático que la mayoría parlamentaria del PRM impulsa, de la mano con el PLD, la FP y los demás partidos de la centroderecha y la derecha. El domingo 22 de agosto se realizó una asamblea de mujeres para evaluar la situación y las perspectivas de la lucha contra la penalización del aborto que este proyecto contempla. Para el 29 de agosto a las 2 pm está convocada por RD es de Todes y organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad sexodiversa una Caravana del Orgullo LGBTQI+, partiendo de la terminal Don Diego, en la capital. Se repudia el intento del gobierno de hacer pasar un Código Penal que legalizaría la discriminación bajo alegatos religiosos o “institucionales”.

Llamamos a todo el activismo a acompañar estas acciones de lucha y a propiciar la articulación de todos los sectores populares, juveniles y obreros que defienden sus derechos ante los ataques de este gobierno de empresarios multimillonarios que nunca ha representado un verdadero cambio a favor de las mayorías populares. Con la unidad de las luchas podemos triunfar. Las calles son y serán del pueblo.