Manuel Gual

Desde el año 2016 se está dirimiendo ante el Tribunal Constitucional la validez del acuerdo entre el Estado dominicano y los Estados Unidos (EEUU) para habilitar al Departamento de Seguridad de ese país a realizar procedimientos migratorios y aduaneros en aeropuertos de la República Dominicana. Este acuerdo, conocido como “de prechequeo”, suscrito durante el gobierno de Danilo Medina, tiene el apoyo incondicional del gobierno de Luis Abinader, tal y como lo ha expresado su canciller. En este aspecto, como en tantos otros, no hubo ningún cambio. El acuerdo sí es rechazado por ex jueces del Tribunal Constitucional, así como por organizaciones de izquierda, que señalan que es violatorio de la soberanía y de la constitución dominicana.

Para EEUU, la posibilidad de asumir funciones propias de las instituciones dominicanas en los aeropuertos internacionales del país forma parte de su esquema de dominio semicolonial, expresado por instrumentos como el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, por medio del cual República Dominicana cede soberanía judicial y tributaria. Para EEUU, el Caribe sigue siendo su patio trasero y los gobiernos republicanos y demócratas por igual no pierden ninguna oportunidad para debilitar aún más la soberanía de nuestros países. La reciente declaración del presidente Abinader sobre la existencia de una supuesta “nueva guerra fría” en la que nos subordinamos a EEUU, o su decisión de anular algunos acuerdos económicos con China para complacer a los vecinos del norte, representan el entreguismo que desde nuestro país se acopla a las ansias de EEUU de profundizar su dominación en la región.

¿Qué ventajas brinda a EEUU realizar trámites de aduana y migratorios “preventivos” en nuestro país? Además de la ganancia política que significa la cesión de soberanía para EEUU, hay intereses adicionales en la posibilidad de negar el viaje, en territorio dominicano, a potenciales solicitantes de asilo o refugio. De aplicarse este acuerdo, el Estado dominicano podría verse comprometido en complicidad con violaciones a los derechos humanos y a los tratados internacionales sobre refugiados y asilo político.

Es una ironía del destino que el gobierno haga campaña por la construcción de un multimillonario muro fronterizo, invocando los más bajos impulsos xenófobos y racistas y mezclándolos con una supuesta defensa de la “soberanía”, pero simultáneamente promueve ceder algunas funciones del Estado dominicano a las autoridades de EEUU. Esta actitud recuerda a la de los anexionistas del siglo pasado. Si este doble rasero no es suficiente alerta sobre el entreguismo del gobierno, la historia nos ofrece claves simbólicas para oponernos a este acuerdo. La primera invasión y ocupación estadounidense contra nuestro país estuvo precedida de la cesión de funciones aduaneras a los gringos. Sería una humillación inaceptable que un siglo después de una ocupación que tantas vidas costó y que tan terribles cicatrices dejó en nuestro pueblo, volvamos a ceder las funciones aduaneras, ya no por la amenaza de una invasión militar sino sobornados por la falsa promesa de que así se “promueve el turismo”. ¡No lo aceptaremos!