La Voz de los Trabajadores

El 8 de marzo, el presidente Abinader participó en un acto publicitario oficial para anunciar la construcción del aeropuerto privado de Playa Grande en Río San Juan. El presidente posó con una pala, dando un palazo simbólico, pese a que la prensa destacó que aún no se han otorgado las aprobaciones regulatorias para el proyecto y que aún faltan meses para el inicio de la construcción. «Es muy difícil trabajar en el gobierno, porque uno quiere hacer las cosas de inmediato, pero hay que respetar la ley, el marco legal», se quejó Abinader, quien no obstante aseguró que los permisos serían otorgados, pasando por encima de las instancias reguladoras y sus estudios de impacto, que aún no han sido realizados.

El ministro David Collado, por su parte, admitió que los empresarios habían intentado infructuosamente construir el aeropuerto sin obtener la aprobación de gobiernos anteriores, describiendo detalladamente cómo llamó telefónicamente al presidente frente a los empresarios involucrados y éste se comprometió a otorgar la autorización vía decreto. No se conocen los detalles del decreto 115-26, que da una “pre-autorización” a la construcción del aeropuerto pese a que no cuenta con permisos del Instituto Dominicano de Aviación Civil ni permisos ambientales.

El acto publicitario oficial da por aprobados permisos cuya emisión requieren por ley una revisión exhaustiva de elementos técnicos, con lo cual el gobierno ejerce una presión indebida sobre los organismos que deben estudiar el asunto. La región ya cuenta con aeropuertos cercanos en Samaná y Puerto Plata. El aeropuerto privado de Playa Grande estaría destinado al uso exclusivo por parte de millonarios socios y residentes del Playa Grande Golf & Ocean Club. Mientras tanto, el gobierno ha dado la espalda a la solicitud de la construcción de un aeropuerto público en San Francisco de Macorís. Como ha observado Acento, “(el) contraste es elocuente: un aeropuerto privado para turistas de ultralujo avanza con respaldo presidencial y acto oficial; un aeródromo público para el desarrollo productivo regional sigue en la lista de peticiones”.

El proyecto del aeropuerto está en manos de la empresa Third Point, del sionista Dan Loeb, la cual es propietaria del Playa Grande Golf & Ocean Club, un complejo de residencias en Río San Juan para multimillonarios que incluye un campo de golf y un resort, inaugurado en 2018 y administrado por la empresa estadounidense Discovery Land Company y la Aman Group, empresa registtrada en Suiza. En 2018, la membresía en el club estaba limitada a los propietarios de inmuebles en el complejo, cuyo costo es de 2,5 millones de dólares en adelante, la membresía costaba 125 mil dólares y el mantenimiento anual costaba 25 mil dólares. El aeropuerto es para el uso exclusivo de estos multimillonarios.

Empresas cuestionadas y vinculadas al sionismo son favorecidas por Abinader

En el evento gubernamental-empresarial, el ex beisbolista Alex Rodríguez, quien es socio del club, agradeció públicamente al presidente Abinader y al ministro Collado por su supuesta «transparencia y eficiencia», una afirmación sorprendente cuando precisamente no ha habido transparencia sobre los mecanismos mediante los cuales el gobierno aprueba este proyecto ni si se le estarían otorgando exenciones tributarias.

Discovery Land Company está actualmente envuelta en un proceso judicial por presunta apropiación de tierras municipales en la construcción de una cancha de golf en el estado de Nueva York. Daniel Loeb, de Third Point, quien es miembro del Concejo de Relaciones Exteriores, un influyente think tank yanqui que propone estrategias para la política exterior estadounidense, también es un sionista militante. La Margaret and Daniel Loeb Foundation financia la promoción de una política exterior neoconservadora tanto en EEUU como en Israel. En respuesta a las protestas estudiantiles contra el genocidio sionista en Gaza a partir de 2023, dicha fundación canceló en 2024 una donación de un millón de dólares a la Universidad de Columbia y la redirigió a la Universidad Yeshiva, una institución privada sionista cuyas sedes se encuentran en Nueva York e Israel, alegando que las universidades tradicionales estadounidenses propiciaban el antisemitismo, una retaliación por no reprimir aún más la solidaridad con Palestina.

Dos tercios de los activos de la empresa Third Point, que actualmente comprenden unos 20 mil millones de dólares, consisten en préstamos. En 2022, Third Point abrió una sucursal en Tel Aviv, centrada en inversiones en ciberseguridad, un ramo económico muy ligado a la infraestructura represiva del apartheid israelí contra el pueblo palestino. «La presencia permanente de Third Point Ventures en Israel es una extensión natural del compromiso que hemos tenido con el país durante muchos años, como lo demuestran las inversiones iniciales realizadas desde nuestro fondo de cobertura», afirmó Loeb en aquella ocasión.

El gobierno de Abinader, políticamente subordinado a Trump y aliado de Israel, no solo ha firmado acuerdos con el Estado de apartheid sionista en el marco del genocidio contra los palestinos de Gaza, también ha brindado facilidades y apoyo a inversores sionistas, como en el caso de Playa Grande, en otras regiones del país. Según reportes periodísticos, la empresa Bretagne Holding y el Grupo Israel Canadá han adquirido alrededor de 40 millones de metros cuadrados de terreno en la provincia de Montecristi y están solicitando al gobierno dominicano la entrega en concesión de la Isla Cabra en dicha provincia, para construir y operar infraestructura turística, pese a que forma parte de un parque nacional.