Deivis Cabrera

Foto: Abinader y Maduro en Cuba, septiembre de 2023

La acción contra Venezuela no fue improvisada. Se trató de una operación planificada durante meses, en la que Luis Abinader y el Gobierno dominicano desempeñaron un rol clave al crear y facilitar las condiciones políticas, diplomáticas y logísticas que permitieron la ejecución final de la operación militar ocurrida en la madrugada del 3 de enero.

Dicha operación fue posible a partir de la autorización otorgada por el presidente Abinader el 26 de noviembre de 2025, mediante la cual se permitió a las fuerzas militares de los Estados Unidos utilizar aeropuertos, espacio aéreo y suelo dominicano, incluyendo instalaciones estratégicas del país. Estas facilidades no implican que la acción militar se haya ejecutado desde territorio dominicano, pero sí constituyeron un componente determinante en la preparación y viabilización de la operación final.

Condenamos de manera firme y categórica el ataque militar contra Venezuela, por constituir una agresión ilegal contra un país soberano, ejecutada al margen del derecho internacional y justificada con discursos falsos que históricamente han servido para legitimar invasiones y actos de dominación.

Aunque esta autorización fue presentada públicamente bajo el argumento de la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, los hechos demuestran que dichas facilidades no tenían ese propósito, sino que fueron utilizadas para crear un entorno favorable que contribuyó a una acción militar contra un Estado soberano.

Usted puede tener la opinión que quiera sobre el gobierno de Venezuela; yo mismo tengo diferencias con ese proceso. Sin embargo, ninguna discrepancia política otorga derecho a un gobierno extranjero para intervenir militarmente en otro país bajo el discurso de la “libertad” o de una supuesta lucha contra las drogas.

Lo ocurrido es sumamente grave. Coloca a la República Dominicana en una posición de corresponsabilidad política internacional frente a una agresión militar y viola de manera directa nuestra propia Constitución. El artículo 3 establece claramente el principio de autodeterminación de los pueblos y prohíbe cualquier forma de injerencia extranjera, así como el uso del territorio nacional para facilitar agresiones contra otro Estado soberano.

La historia dominicana nos otorga plena autoridad moral para condenar estos hechos. En 1965, nuestro país fue víctima de una intervención militar extranjera, justificada con los mismos argumentos que hoy se utilizan contra Venezuela: restaurar el orden y “salvar la democracia”. Las consecuencias fueron muerte, violaciones a la soberanía nacional y una herida histórica aún abierta.

Validar esta agresión implica aceptar que cualquier país pueda crear las condiciones para que otro sea atacado sin consecuencias, en abierta violación del derecho internacional. El problema de Venezuela debe ser resuelto exclusivamente por los venezolanos, sin injerencia externa, así como el pueblo dominicano deberá resolver su propio destino político.

Aceptar que el fin justifica los medios es peligroso. Hoy se aplica contra Venezuela; mañana puede traducirse en presiones, imposiciones o medidas que afecten directamente al pueblo dominicano.

Luego de lo ocurrido, nada está escrito. Cualquier escenario es posible.

Con esta decisión, Luis Abinader queda registrado en la historia como corresponsable político de una agresión contra un país soberano, del mismo modo en que la República Dominicana fue víctima de una intervención extranjera en 1965.

Publicado originalmente en Ciudad Oriental.