Manuel Gual

El gobierno genocida e imperialista de Donald Trump ha desplegado naves de guerra, cazas, miles de soldados y un submarino nuclear, en el Caribe. Este despliegue se enmarca en el lineamiento de Trump de tratar a los carteles del narcotráfico de la región como una amenaza militar. Al mismo tiempo, es un gesto hacia la derecha cubana y venezolana de Miami, sectores a los que representa el Secretario de Estado Marco Rubio, que resiente la autorización de la continuidad de los negocios de la transnacional Chevron en la industria petrolera venezolana. Aunque no es probable que esta maniobra se convierta en una invasión militar en el corto plazo, debemos condenar esta presión y amenaza imperialista que recicla las doctrinas de la “guerra contra el terrorismo” y la “guerra contra el narcotráfico”, que Trump puede invocar para agredir a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe.

Trump sancionó el 25 de julio al supuesto “Cartel de los Soles”, describiéndolo como un grupo criminal dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump alegó que ese “cartel” apoya a dos grupos del crimen organizado, el Tren de Aragua venezolano y el cartel de Sinaloa mexicano, a los que también considera terroristas. Según Trump, el Tren de Aragua promueve la “invasión” de EEUU por parte de inmigrantes venezolanos, haciendo una peligrosa amalgama reaccionaria entre narcotráfico, terrorismo e inmigración. Trump ya ha enviado a inmigrantes latinoamericanos a Guantánamo y a la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), administrada por la dictadura salvadoreña de Nayib Bukele, un aliado de Abinader.

Según la versión del gobierno yanqui, el “Cartel de los Soles” usa el tráfico de drogas “como arma contra EEUU”. Este intento burdo de dar una connotación subversiva al narcotráfico también le sirve a Trump para presentar sus acciones agresivas como si fueran “defensivas”. Trump, como sus antecesores, cree que el rol de EEUU es el de un policía global, habilitado para ejercer la violencia donde quiera y cuando quiera.

El 14 de agosto los militares yanquis informaron que tres naves de guerra con alrededor de 4,500 soldados salieron hacia el Mar Caribe. El 2 de septiembre, Trump dijo haber atacado una embarcación en algún punto del Caribe, asesinando a once personas, a las que acusó de ser traficantes del Tren de Aragua. Hay razones para dudar de la versión yanqui. Ninguna evidencia respalda lo que ha afirmado Trump. El Tren de Aragua no es considerado por los investigadores y académicos como un traficante de drogas significativo a nivel regional. El régimen venezolano afirmó que el video del bombardeo correspondía a una simulación realizada con IA, generando más confusión. Según versiones periodísticas, el barco bombardeado pudo estar transportando migrantes.

Luego del incidente, el gobierno yanqui afirmó que aviones militares venezolanos se habían acercado a las naves de guerra yanquis y envió jets cazas a Puerto Rico. Estamos ante una peligrosa escalada de agresiones y amenazas imperialistas que condenamos, más allá de que no apoyemos a la burguesía bolivariana, como también condenamos el servilismo del gobierno dominicano ante Trump. El gobierno de Abinader ha permitido la confiscación de propiedades del Estado venezolano y de testaferros venezolanos por parte de autoridades estadounidenses, en abierta violación de la soberanía dominicana, mediante actuaciones secretas de sus instituciones judiciales. La derecha, que tanto habla de soberanía para justificar la violencia racista de Abinader, no ha dicho nada al respecto.

Cuando el gobierno uruguayo promovió un pronunciamiento en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresando preocupación por la presencia militar estadounidense en el Caribe, el de Abinader estuvo entre los gobiernos que no lo firmaron, junto a Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Guyana. Veinte gobiernos de la región sí lo firmaron.
El 2 de septiembre, mediante el decreto 500-25, el presidente Abinader también designó como “organización terrorista” al “Cartel de los Soles”, al que también se refirió como “grupo armado”. Los gobiernos de extrema derecha de Argentina, Paraguay y Ecuador han hecho lo propio. Según EEUU, el “Cartel de los Soles” es un cartel del narcotráfico dirigido por el gobierno venezolano. En realidad ese “cartel” no existe. Desde la década de 1990, antes de la llegada al poder del chavismo, la denominación “Cartel de los Soles” ha sido una forma genérica de referirse en Venezuela a la corrupción y a la complicidad militar con el narcotráfico. Venezuela, como República Dominicana, no es un país productor sino un país de tránsito en las rutas del tráfico que van de Suramérica hacia EEUU y Europa.

Los militares corruptos venezolanos, involucrados en diversos negocios, como el tráfico de oro extraído por mafias en la frontera con Brasil, o la venta de combustible en países vecinos, no usan el narcotráfico para desestabilizar a EEUU. Simplemente cobran a los narcotraficantes por permitirles desarrollar sus actividades en territorio venezolano. Es la gran demanda de drogas en EEUU la que genera un incentivo económico enorme para esa actividad. El dinero de los consumidores gringos financia el crimen organizado en nuestros países. Tanto la demanda, que responde a un problema social y de salud pública de EEUU, como el tráfico ilegal, consecuencia de la criminalización de las drogas, son responsabilidad de EEUU. La respuesta a esta problemática no pasa por la llamada “guerra contra las drogas”, que ha fracasado en los últimos 40 años, sino por políticas de salud pública para prevenir y tratar las adicciones, y por la legalización y fiscalizar la producción, como ocurre con drogas legales como el alcohol y el tabaco. En varios países, y en la mayoría de los estados de EEUU, ya se ha despenalizado el consumo de cannabis, por ejemplo.

El cartel del imperialismo

El imperialismo tiene una vieja relación con el narcotráfico. Por ejemplo, los ingleses y franceses participaron en dos guerras contra China en el siglo XIX para imponer la importación de opio. En Indochina durante la intervención yanqui en las décadas de 1960-1970, y en el Afganistán ocupado por EEUU entre 2001 y 2021, aumentó la producción y exportación de opio. Bajo la ocupación gringa, Afganistán se convirtió en el mayor exportador mundial de opio. El gobierno de Reagan apoyó a la Contra, la guerrilla derechista que luchaba en Nicaragua en la década de 1980, a sabiendas de que traficaba cocaína a EEUU. La CIA tenía en su nómina al militar panameño Manuel Noriega, vinculado al narcotráfico. Luego el gobierno de Bush usó esa excusa para invadir el país en 1989. EEUU también brindó un amplio apoyo político y militar al presidente colombiano Álvaro Uribe, a principios de los 2000, pese a que eran conocidos sus vínculos con el paramilitarismo terrorista de ultraderecha y el narcotráfico.

El “terrorismo” también ha sido un comodín gringo para justificar toda clase de crímenes. La invasión de Irak en 2003 se basó en la mentira de las “armas de destrucción masiva” y en un falso vínculo entre la dictadura de Saddam Hussein y Al Qaeda. En realidad, EEUU es el mayor promotor mundial del terrorismo, con su apoyo incondicional al Estado genocida de Israel.

Fuera yanquis del Caribe

En su primer gobierno, Trump impuso sanciones petroleras contra Venezuela en 2019, un país ya arruinado por la corrupción y el despilfarro de muchos años. También ofreció una recompensa por información que condujera a la detención de Maduro, al estilo del viejo Oeste. Recientemente la aumentó a 50 millones de dólares. Al mismo tiempo, el gobierno yanqui utilizó cientos de millones de dólares confiscados al Estado venezolano para financiar, durante el primer gobierno de Trump, la ampliación de su muro fronterizo. Se trata de acciones abiertas de piratería y robo de recursos que pertenecen en última instancia al pueblo venezolano.

Lógicamente, Maduro es adversado por toda la izquierda venezolana, desde el Partido Comunista de Venezuela y el PPT, hasta el Partido Socialismo y Libertad; sus políticas reaccionarias como imponer un salario mínimo de menos de cuatro dólares mensuales, reprimir a los sindicatos, criminalizar el aborto, perseguir a los pueblos indígenas o amenazar con invadir a Guyana para anexar la región del Esequibo, no pueden ser apoyadas por nadie que se considere de izquierda. Pero no es el gobierno yanqui el que debe decidir quién gobierna en Venezuela ni en ningún otro país de la región. Por eso rechazamos las amenazas de Trump y nos solidarizamos con la oposición de izquierda venezolana, que también las ha rechazado. La oposición de derecha de María Corina Machado sigue los pasos de Guaidó, hoy totalmente desprestigiado, al basar su política en la injerencia y las amenazas yanquis.

Trump, con el apoyo de gobiernos serviles como el de Abinader, sigue tratando al Caribe como su “patio trasero”. El Caribe debe unirse para defender su dignidad. En cuanto a Venezuela, su futuro no debe estar en manos de los militares corruptos, mucho menos de los imperialistas. Es el pueblo trabajador venezolano el que debe decidir su destino.