Llamamos al gobierno dominicano a acatar las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia y cesar su complicidad con Israel

Organizaciones

Considerando que el 19 de Julio del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva sobre “las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio Palestino ocupado”. En sus conclusiones, la CIJ estableció que:

  • La presencia continua del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal.
  • El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados lo más rápidamente posible.
  • El Estado de Israel tiene la obligación de cesar inmediatamente todas las actividades de asentamiento y evacuar a todos los colonos de los Territorios Palestinos Ocupados.
  • El Estado de Israel tiene la obligación de reparar los daños causados a personas en los Territorios Palestinos Ocupados.
  • Los Estados tienen la obligación de no considerar como legal la situación que surge de la presencia ilegal del Estado de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados y a no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por dicha presencia, además de garantizar que se ponga fin a todo impedimento al ejercicio del pueblo Palestino a la libre autodeterminación y, en el caso de los Estados partes de los Convenios de Ginebra, de asegurar que Israel cumpla sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario.
  • Las organizaciones internacionales tienen la obligación de no considerar como legal la situación derivada de la mencionada presencia ilegal israelí en los Territorios Palestinos Ocupados.

A la luz del genocidio plausible que consta en el dictamen de la CIJ el 26 de enero de 2024 acerca de las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania, que ha dejado más de sesenta mil personas asesinadas y ha destruido la vida cívica palestina, así como el posterior incumplimiento por parte de Israel de las medidas provisionales impuestas en su contra, en el contexto más amplio de la ocupación de tierras palestinas y el desplazamiento del pueblo palestino de sus hogares por las fuerzas coloniales de Israel respaldadas por el gobierno de EEUU en violación de la resolución 194 de la ONU.

Considerando que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel emitió en marzo de 2025 un informe en el que da cuenta del aumento de la violencia sexual y de género por parte del Estado de Israel contra personas palestinas detenidas y que dicha violencia forma parte de una «estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino», que los actos documentados «equivalen al crimen de lesa humanidad de exterminio», violando dos categorías de actos de genocidio del Estatuto de Roma y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, incluyendo la imposición de condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física de los palestinos y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos, así como diversos crímenes de guerra.

Tomando nota de que 162 periodistas y trabajadores de la prensa palestinos han sido asesinados en el marco de las acciones genocidas de Israel contra el pueblo palestino entre octubre de 2023 y marzo de 2024  según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPP), lo que lo convierte en la ofensiva más letal para los periodistas desde que el CPP comenzó a recopilar datos en 1992 y el conflicto más letal para los periodistas en este siglo y el pasado, a lo que se suman los continuos actos de censura, acoso y criminalización de periodistas locales e internacionales cuando intentan cubrir el genocidio, como se vio con la redada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la orden de cierre de la oficina de Al Jazeera en Cisjordania ocupada el 22 de septiembre de 2024.

Destacando los más de 1,100 trabajadores de la salud que, según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han sido asesinados en Gaza y Cisjordania entre octubre de 2023 y febrero de 2025, incluyendo enfermeras, paramédicos, doctores y otro personal médico, en el marco descrito por la Organización Mundial de la Salud de más de mil ataques israelíes a las instalaciones sanitarias en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental desde el 7 de octubre de 2023, y los más de 150 médicos y trabajadores de la salud detenidos en prisiones por el gobierno israelí.

Constatando que las Naciones Unidas informan de una cifra alarmante de 280 trabajadores de ayuda humanitaria asesinados en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, incluido personal internacional.
Considerando que Amnistía Internacional ha publicado en diciembre de 2024 un informe en el que concluye que el Estado israelí está perpetrando el crimen de lesa humanidad de genocidio, coincidiendo con las publicaciones previamente realizadas por numerosos expertos académicos alrededor del mundo.

Hacemos un llamado al gobierno dominicano a garantizar y respetar todos los aspectos del derecho internacional en materia de prevención y castigo del genocidio y el apartheid, establecidos en el Estatuto de Roma (artículos VI, VII, y VIII) y la Convención de Ginebra, de los que el Estado dominicano es signatario. En tal sentido, exigimos al gobierno dominicano:

  • Poner fin a todas las formas directas e indirectas de reconocimiento y asistencia al mantenimiento de la ocupación militar ilegal de Israel: a) Prohibir la importación y comercialización de los productos de los asentamientos ilegales y poner fin a toda relación directa o indirecta con las empresas que operan en ellos; b) garantizar que “sus nacionales, empresas y entidades bajo su jurisdicción, así como sus autoridades” no reconozcan ni ayuden a mantener la ocupación ilegal; c) aplicar sanciones, incluidas prohibiciones de viajes y congelación de activos; y d) apoyar otras medidas de no colaboración y no complicidad.
  • Bajo los términos del dictamen de la CIJ, “(poner) fin a toda transferencia, venta, exportación y desviación directa o indirecta de armas, municiones, piezas, componentes, artículos de doble uso, equipo de vigilancia, tecnologías y cualquier otro equipo militar a Israel, la Potencia ocupante, en todos los casos en que haya motivos razonables para sospechar que podrían utilizarse en el Territorio Palestino Ocupado, y a todo comercio militar, cooperación e investigación de doble uso que puedan contribuir al mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio, interferir en el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre autodeterminación y violar los derechos del pueblo palestino en virtud del derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos”.
  • Aplicando el dictamen de la CIJ, “prevenir, prohibir y erradicar las violaciones por parte de Israel del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial” y el llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a “establecer un Comité Especial integrado por Estados Miembros con experiencia y conocimientos especializados pertinentes para examinar las violaciones por Israel del artículo 3 de la Convención e informar y hacer recomendaciones a la Asamblea General (de la ONU) a este respecto”.
  • Poner fin a las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y exigir el retiro inmediato de todos los funcionarios diplomáticos israelíes y el cierre de la embajada y otros puestos diplomáticos de Israel en suelo dominicano y el fin de cualquier programa de cooperación con el Estado israelí.
  • Exigir a Israel el respeto a las condiciones del alto el fuego que entró en efecto el 19 de enero de 2025, en cumplimiento de la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU que establece tres fases, cesando sus bombardeos en Gaza y sus continuas violaciones al alto al fuego, así como la negociación de las condiciones de la segunda fase del acuerdo, con miras al total retiro de las fuerzas militares israelíes de Gaza.
  • Anunciar el compromiso de cumplir con los deberes legales e internacionales del Estado dominicano en relación con la implementación de la orden de arresto del 21 de Noviembre de 2024, emitida por la CPI contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por su responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra, garantizando su aprehensión en el caso de que transiten por el territorio, el mar territorial o el espacio aéreo dominicano.

Reiteramos nuestra exigencia de que el gobierno dominicano acoja e implemente las medidas incluidas en las conclusiones de la decisión de CIJ sobre la plausibilidad del crimen de genocidio y la ilegalidad de la ocupación de Gaza y Cisjordania por parte de Israel, anunciando su adhesión a la orden de captura de la CPI contra Netanyahu y Gallant, ratificando de esa forma que respeta la legalidad internacional, y sus compromisos internacionales con rango constitucional en materia de derechos humanos, así como el imperativo moral y político de nuestros tiempos de no ser cómplices del genocidio contra el pueblo palestino, rompiendo toda relación diplomática, económica, militar y cultural con el Estado de Israel.

Organizaciones

Movimiento Dominicano de Solidaridad con Palestina (MDSP)

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana (MST)

Opción Democrática (OD)

Fuerza Juvenil Dominicana (FJD)

Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU)

MIEL-19

Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH)

Partido Comunista del trabajo (PCT)

Fuerza de la Revolución (FR)

Movimiento Popular Dominicano (MPD)

Movimiento Caamañista (MC)

Partido Unificado de los Comunistas Dominicanos (PUCD)

Referente de la Izquierda Dominicana (RID)

Consejo Dominicano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos (CDASP)

Juventud Patriótica Nacional (JPN)

Comité de solidaridad con los pueblos en lucha de San Francisco de Macorís

Movimiento de Integración Social (MIS)

Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó

Militancia Revolucionaria Socialista (MRS)

Partido Patria para Todos (PPT)

Catcalls of Dominican Republic 

Firmas individuales

Leidy Espinosa, ingeniera civil
Jessica Torres
Maria Fernanda López, abogada
Jessica Torres, arquitecta
Carolina Rodoli, psicóloga
Saray Figuereo, educadora
Yessenia Santana
Angel Leonardo Peña, escritor
Jasson Cordones, ingeniero
Mariana Ortiz, estudiante, College of Charleston
Isaac Rafael Maríñez, economista investigador, Palestina Libre RD
Gabriel, Líder de Proyectos, The Nailbar Beauty
Fernando Valerio-Holguín, profesor
Sixto Gabín, Espacio Magisterial Narciso González, docente jubilado
Patricia Ducoudray
Ernesto Rivera
Arelis Taveras Collado
Mariajosé García
Sofia Rohana
Penélope Miranda, abogada
Lorena, Opción Democrática
Denise Paiewonsky
Iman, profesora
José Miguel Renville
Guillermo Casado Ducoudray, productor audiovisual
Karla Yuliana Caba Reyes, estudiante
Alejandro Vasquez
Alejandro G., politólogo
Gabriel Andrés Baquero, filósofx y escritorx
Saida Acevedo, empleada privada
Manuel Chapuseaux, teatrista
Manuel Sánchez
Micaela Volonteri, ingeniera química y docente
Bagnel Lebron, ingeniero civil
María Candido
José Emilio Bencosme Zayas, teatrista
José Manuel Méndez Santos, CCA – ScotiaGBS
Carlos Polanco Aybar, estudiante, Opción Democrática
Alondra Thelusma, abogada
Amaury Rodríguez

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