La Voz de los Trabajadores

Mural: Banksy

El lunes 18 de noviembre, los diputados Elías Wessin, del leonelista PQDC, y Eugenio Cedeño, del PRM, recibieron y respaldaron un proyecto bajo la estrambótica denominación de “Ley para la ejecución del pacto nacional para políticas públicas de Estado en relación a la crisis de Haití”, preparado por la Fuerza Nacional Progresista, organización de extrema derecha aliada al gobierno. El proyecto, que se apoya en el pacto firmado en octubre de 2023 por el gobierno y sus aliados, pretende institucionalizar medidas que en el pasado impulsó fallidamente el gobierno, como la delegación de funciones de fiscalización migratoria a personas que alquilen viviendas o trabajen en el sector del transporte. A mediados de octubre, el senador perremeísta Carlos Gómez presentó otro proyecto, una reforma de la Ley de Migración, para establecer penas de prisión para personas en condición migratoria irregular. Ambos proyectos legales tienen el objetivo de fortalecer el régimen de discriminación racial institucional, en el marco de la actual campaña de deportaciones masivas que impulsa el gobierno.

Dada la falta de transparencia del Congreso, estos textos legales no han sido publicados, por lo que solo se conocen las notas de prensa que sus impulsores han enviado a los medios de comunicación. Sin embargo, llaman la atención por su abierta inconstitucionalidad, dado su carácter discriminatorio y violatorio del debido proceso.

Bajo la Ley de Migración actual las detenciones migratorias son de carácter administrativo y no se penalizan las infracciones migratorias con penas de cárcel ni multas. En el proyecto de ley presentado por el senador del PRM se sancionaría con multas de dos a cinco salarios mínimos del sector público (entre 20 mil y 50 mil pesos actualmente) y entre 15 y 30 días de cárcel a personas que reingresen al país luego de ser deportadas. Ante un segundo reingreso las multas suben a entre 10 y 20 salarios mínimos, con penas de cárcel de 60 a 90 días. Si la deportación fue consecuencia de una condena, el reingreso se castigaría con una pena de seis meses a dos años de cárcel. Las condenas podrían llegar a multas de 50 a 100 salarios mínimos y penas de cinco a diez años de prisión.

Este tipo de legislación había sido requerida públicamente por el gobierno de Abinader, a través del entonces Director General de Migración, Venancio Alcántara, en agosto de este año. Alcántara admitió que la DGM tenía como práctica corriente realizar detenciones prolongadas contra personas inmigrantes a las que consideraba “reincidentes”, un concepto inexistente en la legislación actual. “Pero finalmente tenemos que deportarlos”, se lamentó, de ahí que pidiera “fortalecer” la ley, refiriéndose a tornarla más punitiva. Esta es apenas una entre muchas arbitrariedades que caracterizan al Estado de excepción de facto desde hace tres años, que incluye miles de detenciones basadas en el perfilamiento racial y allanamientos de viviendas sin orden judicial. Estas prácticas ilegales e inconstitucionales del gobierno se han intensificado luego de la fijación de una cuota de diez mil deportaciones semanales, anunciada el 2 de octubre pasado por el presidente Abinader.

Por su parte, el proyecto de ley de la FNP, presentado en noviembre con el apoyo del PQDC y sectores del PRM, pretende que los arrendadores de viviendas fiscalicen la documentación migratoria de los potenciales inquilinos extranjeros, y que reporten sus contratos de alquiler ante la DGM. Cualquier incumplimiento de estos requerimientos implicaría una pena de hasta un año de cárcel. Los hoteles y establecimientos turísticos también tendrían que reportar a sus clientes extranjeros a la DGM. Además, el proyecto busca dar derecho a veto al gobierno nacional ante la adquisición de cualquier vivienda o terreno por parte de personas extranjeras. Empleos relacionados con la seguridad privada, la conducción de vehículos, el empleo público en general e incluso trabajos como la jardinería o el de guía turístico, estarían reservados exclusivamente para personas dominicanas. Se establecen penas delirantes de hasta diez años de prisión para quienes ocasionen daños al muro fronterizo, proyecto fetiche del gobierno, y se prohíbe la adquisición de propiedades en la zona fronteriza a personas extranjeras, una disposición inspirada en el proyecto trujillista de limpieza étnica y “dominicanización de la frontera”.

Además de sustentarse en el pacto antihaitiano impulsado por el gobierno y sus aliados en 2023, firmado tanto por todo el arco político que apoya a Abinader, desde la extrema derecha hasta organizaciones de centroizquierda como el Frente Amplio y Alianza País, este proyecto de ley presenta una versión aún más extrema de algunas de las medidas impulsadas por el gobierno en 2021, cuando planteó que multaría a las personas que empleen o alojen a inmigrantes haitianos en situación migratoria irregular, y que incautaría los vehículos de transportistas que trasladaran a inmigrantes no regularizados. Estas medidas fueron condenadas en su momento por numerosas organizaciones sociales y de izquierda. Algunos sindicatos de transporte han denunciado la detención de choferes y retención de unidades de transporte por parte de la DGM, simplemente por llevar pasajeros haitianos.

De aprobarse estos proyectos de ley, agravarían la situación de persecución racial en el país, afectando no solo a las personas inmigrantes haitianas sino también a las personas dominicanas de ascendencia haitiana, las personas dominicanas negras en general e inmigrantes y turistas negros provenientes de otros países.