La Voz de los Trabajadores

El político derechista estadounidense Rudolph “Rudy” Giuliani, ex alcalde de Nueva York, ex abogado de Donald Trump y ex asesor de seguridad de Luis Abinader, fue condenado el 15 de diciembre a pagar más de 148 millones de dólares por daños y perjuicios a dos funcionarias electorales del estado de Georgia, Wandrea Moss y Ruby Freeman. Giuliani fue hallado culpable de difamación y daños, por sus acciones al servicio de Trump durante el intento de perpetrar un fraude en las elecciones de 2020 para revertir su derrota en Georgia. Estos intentos tuvieron su punto más alto en el ataque al Capitolio en enero de 2021.

Giuliani anunció que apelaría el fallo. El político enfrenta varia demandas como consecuencia de sus acciones al servicio de Trump en 2020. En relación con Moss y Freeman, Giuliani encabezó un linchamiento mediático contra ellas acusándolas falsamente de delitos electorales, como parte del intento de desconocer la derrota de Trump, lo que derivó en amenazas de muerte y acoso contra las funcionarias por parte de seguidores del racista y derechista Trump.

Giuliani también fue abogado del oligarca venezolano Alejandro Betancourt López, que se enriqueció con negocios corruptos con el chavismo, acusado de lavado de dinero en EEUU. En 2015 y 2019, de cara a las elecciones presidenciales dominicanas de 2016 y 2020, Abinader contrató la asesoría de Giuliani como asesor en materia de seguridad, a través de la empresa Giuliani Security and Safety. Tal y como denunció el MST, Giuliani era apreciado entre los sectores derechistas como el PRM por su política de seguridad implementada como alcalde de Nueva York, caracterizada por sus “ataques contra las comunidades pobres de esa ciudad estadounidense, por su amistad con Trump y sus negocios turbios con gángsters ucranianos y de otras nacionalidades”.

De hecho, el Washington Post reportó que simultáneamente a las asesorías de Giuliani a Abinader, el político derechista se desempeñaba como abogado privado de Trump y presionaba a Pompeo para que solicitara al gobierno ucraniano investigar los negocios en ese país de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, una maniobra que consideraba electoralmente redituable en el marco de la venidera elección de 2020. Durante su visita a Santo Domingo en 2019, Giuliani llamó a no modificar la constitución para permitir un tercer período consecutivo del entonces presidente Danilo Medina. Una semana antes de dicha visita, el secretario de Estado Mike Pompeo también había llamado telefónicamente a Medina para expresarle su rechazo a la reelección.

Estas sincronicidades generaron cuestionamientos en República Dominicana y en EEUU, así como sospechas sobre malas prácticas y tráfico de influencias, ante la evidente superposición entre los negocios privados de Giuliani y su relación con Trump. De hecho, la intermediación de Giuliani ante Pompeo ante el tema ucraniano desencadenó uno de los juicios de impeachment contra Trump.

Siendo abogado de Trump, Giuliani también abogó por un ex cliente, el entonces alcalde de la capital ucraniana, Kiev, y representó a Alejandro Betancourt López, un oligarca venezolano ligado al régimen chavista y acusado de lavado de dinero en EEUU, a quien defendió ante representantes del Departamento de Justicia.

Según el Washington Post, el contrato de Giuliani con Abinader en 2015 fue de 100 mil dólares, del que resultó un informe con recomendaciones para un plan de seguridad, y el de 2019 fue por un monto de 75 mil dólares. En ese marco, Giuliani estuvo dos días en Santo Domingo y dio una rueda de prensa. Según el mismo reportaje, algunos miembros de la campaña de Abinader consideraban un error contratar a Giuliani porque no aportaba nada y solo decía generalidades, pero presumían que se trataba de una forma de obtener el favor del presidente Trump.

En 2022 un senador peledeísta solicitó investigar el contrato de Abinader con Giuliani, planteando la importancia de esclarecer si se reportó a la JCE, cuál fue su monto y de dónde provino el financiamiento. No ha habido una investigación del contrato. Adicionalmente, es llamativo que la fracasada “reforma policial” del gobierno del PRM no se ha basado en la onerosa “asesoría” brindada por Giuliani. El gobierno perremeísta no ha realizado ninguna declaración sobre la condena a su antiguo asesor.