La Voz de los Trabajadores

La Red Socioambiental de la República Dominicana entregó un documento a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), denunciando el contrato entre INAPA y la compañía israelí Mekorot viola la la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, y exigiendo una investigación inmediata de las irregularidades y la revocación del contrato. La organización señaló que, de acuerdo a la mencionada ley, «las contrataciones de servicios deben someterse a procedimientos de selección específicos, los cuales no han sido cumplidos en el caso INAPA-MEKOROT». Además, alertan a la población sobre el carácter turbio y el secretismo de lo acordado por las dos entidades estatales, pues el contrato de consultoría «contiene cláusulas de confidencialidad y no publicidad, lo cual va en contra del principio de transparencia que debe regir en estos procesos», destacaron en una nota de prensa del 25 de julio.

El mes pasado, la Red emitió un primer pronunciamiento contra el contrato, que implicaría contratar para diseñar un plan de gestión del agua en República Dominicana, denunciando las intenciones privatizadoras detrás del acuerdo. A esto se suma el hecho de que se trata de una empresa israelí implicada en brutales violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino, negándole el acceso al agua como parte del violento régimen de apartheid israelí.

En esta denuncia ante la DGCP, la organización nuevamente expresa su oposición a las intenciones privatizadoras del gobierno de Abinader. El contrato «viola y lesiona el interés nacional y la normativa nacional e internacional en materia de compras y contrataciones públicas, transparencia y combate a la corrupción en varios aspectos clave», dejando abiertos mecanismos para casos de arbitraje que no se corresponden con el marco constitucional y legal dominicano. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo firmó, en 2021 bajo la gestión del ministro Ceara Hatton, un acuerdo de cooperación con la embajada de Israel que ahora es utilizado para sustentar el contrato con Mekorot. Sin embargo, la organización ambientalista también cuestiona la base jurídica de ese convenio.